Héctor Capaccioli se desligó de los aportes K, pero admitió haber prestado sus oficinas para reuniones

Héctor Capaccioli, ex superintendente de Servicios de Salud y ex recaudador del Frente Para la Victoria (FPV), se desligó de la recepción de los aportes de campaña aunque admitió esta mañana haber prestado sus oficinas para las donaciones como también conocer al farmacéutico Néstor Lorenzo, uno de los que desembolsó dinero para la campaña K del 2007, en el marco de la investigación en la que el juez Ariel Lijo investiga por supuesto lavado de dinero.

"Los aportes los recibían los responsables de campaña, (Hernán) Diez y (Sebastián) Gramajo, y para facilitar la tarea de ellos en muchas oportunidades se disponía a través de mi secretaria concretar reuniones o encuentros en una sala de usos múltiples que estaba en la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS)", declaró Capaccioli, según confiaron a Infobae fuentes judiciales.

El ex titular de la SSS, que fue indagado durante poco más de veinte minutos, aseguró además que el FPV recibió donaciones en diversos lugares, como el Congreso o la mismísima Casa de Gobierno.

Capaccioli contó que el FpV recibió donaciones en el Congreso y en la misma Casa Rosada

"Teníamos distintos funcionarios de altos rangos, por ello se recibieron aportes en diferentes lugares. Los que recibían los aportes eran los responsables. Algunos se hicieron en la sede del partido, en la calle Riobamba, otros en el Congreso, otros en la Casa de Gobierno. Pero siempre tenían que estar los responsables para que ellos les firmaran el correspondiente recibo", dijo Capaccioli, según allegados al expediente.

El ex funcionario explicó cuáles eran sus tareas asignadas tras la creación del FPV y cuáles eran los partidos que conformaban dicha alianza electoral. Abundó en que él era parte de la "mesa ejecutiva nacional" del partido y que el órgano encargado de recibir y ejecutar los aportes electorales estaba integrado por los responsables económico y financiero del espacio, o sea por los imputados Gramajo y Diez, que declararon por escrito a fines de marzo.

Ayer había sido el turno de Carlos Horacio Torres y de Lorenzo, presidente y director suplente de Multipharma S.A., respectivamente, droguería que aportó, según la rendición de cuentas del FPV, 376.000 pesos mediante cuatro cheques del Banco Santander Río y del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Torres también embolsó como persona física 325.000 pesos al binomio Cristina Kirchner – Julio Cobos. Entre ambos aportes, Torres fue quien más contribuyó a la campaña K del 2007: 701.000 pesos. El desembolso de las empresas vinculadas al rubro de la medicina y las droguerías representó el 35,4 por ciento del total de los ingresos del FPV, con poco más de 4,5 millones de pesos.

En ese sentido, Capaccioli admitió conocer a Lorenzo. "Era proveedor de algunas obras sociales y cuando yo asumí como superintendente de Salud en el 2006 fijamos una normativa para ampliar los beneficios a los tratamientos del SIDA. En distintas oportunidades le aclaré al contador Lorenzo los alcances de esa normativa y esa fue la oportunidad del conocimiento", dijo, y agregó: "No teníamos una relación formal y cotidiana, durante la campaña se acercaron muchos empresarios queriendo participar de ella a los cuales se indicaba cuál era el órgano al que se tenían que dirigir".

La hipótesis es que varias empresas aportaron a la campaña para poner en circulación dinero de origen delictivo

Dichos empresarios podrían ver complicado su legajo judicial. Según fuentes judiciales, al expediente se incorporó un peritaje que probaría que los movimientos de los aportes mencionados no habrían contado con el respaldo suficiente ni habrían sido asentados en el libro contable de los imputados. Se desconoce en ese sentido el origen del dinero: "La hipótesis principal es que dichas empresas habrían efectuado los correspondientes aportes a los efectos de poner en circulación dinero de origen delictivo", escribió Lijo a principios de marzo cuando resolvió las citaciones a indagatoria. El financiamiento de la campaña K del 2007 quedó bajo la lupa tras el triple crimen de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina de agosto del 2008, asesinatos que combinaron los aportes electorales con el tráfico de efedrina y la mafia de los medicamentos. El juez también basó su investigación en las irregularidades a través de auditorías realizadas por la Cámara Electoral.

Mañana será el turno de Gabriel Brito y Solange Bellone, viuda de Forza. Seacamp, la droguería del joven asesinado en el 2008, figura con un aporte de 200.000 pesos a la campaña del 2007, mientras que el desembolso de Global Pharmacy, la empresa de Brito, habría sido de 310.000 pesos. Este último ya reconoció públicamente que no había aportado el dinero.