Tras el visto bueno de la Cámara de Apelaciones, que allana la emisión de deuda del Gobierno para pagarle a los holdouts, la saga del default llega a su recta final. Lo que resta ahora es la tarea de conseguir los dólares para pagarle a los acreedores. Para eso, siguen los funcionarios del Ministerio de Hacienda y Finanzas en plenas reuniones con los inversores en EEUU y Europa para cerrar promesas de elevada participación en la emisión. La clave pasará por el costo que le pedirán al Gobierno.
Trascendieron algunas cosas de las reuniones privadas entre los inversores y los hombres de Alfonso Prat-Gay. Por un lado, el compromiso de los bancos que aportarán USD 15.000 millones está más firme que nunca. Por ese lado, no habría sorpresas.
Si bien el secretario de Finanzas Luis Caputo había dicho que el Gobierno podía convalidar tasas de entre 7,5% y 8,5% para la colocación de deuda, ahora la idea de Prat-Gay es ajustar hacia abajo ese número. Hablan de que la emisión testigo será el bono con vencimiento al 2026, o sea 10 años de plazo. A través de ese título se canalizaría la mayor parte del financiamiento que necesitará el país. Resulta el plazo más busacado por los inversores y el que no costaría tan caro al Gobierno.
El número mágico que quiere ahora Hacienda para ese bono testigo será "abajo de 8%", según trascendió de una fuente oficial que se reunió con los banqueros. El mandato que está bajando el Gobierno ahora a los bancos es que deben presionar a sus clientes para que no coloquen posturas de compra del bono a rendimientos altos. "Quieren dejar ofertas afuera pero la tasa tiene que acompañar, no pueden tomar dinero a cualquier costo", decía un banquero.
El Gobierno emitirá en total 3 clases de bonos. Más allá del mencionado a 10 años, hay uno a cinco años (vence en 2021) y otro a 30 años con vencimiento en 2046. Con el bono tan largo no se esperan grandes ordenes de compra, y la mayoría se cursaría por los más cortos. Sucede que a más plazo, más rendimiento pedirán los inversores (algo no deseado en Hacienda). Además, la situación fiscal del país es crítica y el parate de la economía, una realidad. Por lo tanto el escenario macro actual no es demasiado atractivos, si bien sí las perspectivas a mediano plazo.
Una a favor del Gobierno es que el diferencial de tasas cayó abruptamente. El spread con los bonos del Tesoro de EEUU, medido en el EMBI del JPMorgan (tradicionalmente conocido como "riesgo país") está en poco más de 400 puntos básicos. La mejora de los bonos que ya están en circulación hace que los nuevos que vaya a emitir el Gobierno puedan replicar de alguna manera esa mejora. Pero las necesidades oficiales por conseguir tanto dinero podría jugarles en contra.
Por lo pronto, y con la mirada puesta a la emisión de la semana que viene, el equipo económico seguirá seduciendo inversores hasta el último momento para poder bajar las tasas de financiamiento. Con respecto a qué pasará con los que quedan afuera de la oferta, por haberla rechazado, en Hacienda estiman que "se sumarán más en las próximas horas". Al final del día quedan USD 3.500 millones aún en litigio. La diferencia es que no serán un estorbo para el Gobierno luego de que la Justicia de EEUU diera el explícito aval al gobierno de Mauricio Macri.
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