En 1976, el Congreso de EEUU ya mostraba preocupación por los DDHH en Argentina

"Decidimos realizar estas audiencias en vista del espantoso nivel de violencia que existe en la Argentina. Cuando el general Videla asumió el poder en marzo de este año, había prometido respetar los derechos humanos y detener la ola de secuestros y asesinatos cometidos tanto por las organizaciones terroristas de derecha como de izquierda. A pesar de las buenas intenciones de Videla, la violencia continúa sin pausa. Yo repudio la violencia cometida tanto por elementos de derecha como de izquierda en la Argentina. De todas maneras, se han escuchado serias denuncias acerca de que ciertos elementos pertenecientes al gobierno han estado directamente involucrados en la violencia o conocen a los responsables y no han hecho nada para prevenirla o para castigar a los autores".

Era la tarde del martes 28 de septiembre de 1976, en Washington. La introducción del representante Donald Fraser —demócrata, de Minnesota— corporizaba los peores temores de la Junta Militar: la situación de los derechos humanos en la Argentina comenzaba a discutirse formalmente en el Congreso de los Estados Unidos, en dos audiencias previstas para días consecutivos. Si Videla no se había tomado demasiado en serio lo que el embajador Hill le había contado acerca de la preocupación que despertaba el tema en los Estados Unidos, en la charla que habían compartido exactamente una semana antes en Buenos Aires, ésta era la prueba de que se había equivocado.

El objetivo de las audiencias en la Subcomisión de Organizaciones Internacionales era determinar si debía continuar o no la asistencia financiera que Estados Unidos prestaba a la Argentina. La sección 402 (b) del Acta de Asistencia Exterior prohibía transferir dinero a un gobierno involucrado "en un patrón consistente de groseras violaciones de derechos humanos internacionalmente reconocidos, incluyendo tortura, trato cruel, inhumano o degradante o castigo, detención prolongada sin que se presenten cargos, causar la desaparición de personas a través del secuestro o la detención clandestina". Apenas dos semanas antes, y a pesar de la oposición del Departamento de Estado, el Congreso había resuelto por 216 votos contra 155 la suspensión de la ayuda militar al Uruguay, por un monto de más de cinco millones de dólares.

Las audiencias convocadas por Fraser ponían la cuestión de los crímenes cometidos por la Junta Militar argentina en el corazón del Capitolio y la lista de expositores no contribuía a llevar tranquilidad a Buenos Aires. Los únicos argentinos incluidos eran dos abogados exiliados en Europa, conocidos por haber defendido a guerrilleros del ERP y Montoneros: Gustavo Roca —hijo de Deodoro Roca, ideólogo de la Reforma Universitaria de 1918— y Lucio Garzón Maceda.

El estudio jurídico de Roca y Garzón Maceda había sido incendiado por un grupo de hombres armados menos de un mes después del golpe militar. En mayo habían sido secuestrados cuatro abogados que trabajaban con ellos, Mario Hernández, Roberto Sinigaglia, Carlos Altamira y Eduardo Sanjurjo, quienes permanecían desaparecidos. En la primera semana de agosto Roca y Garzón Maceda habían huido a Brasil, pasando la frontera terrestre a través de Paso de los Libres, y desde allí el primero había llegado a Madrid y el segundo, a París.

Al llegar a Europa, Garzón Maceda se reencontró con quien ya era un referente del exilio argentino: el poeta Juan Gelman, que vivía en Roma y viajaba por el continente desde 1975, cuando Montoneros lo envió para que hiciera relaciones políticas y denunciara la ilegalidad de la represión a la guerrilla durante el gobierno de Isabel Perón. Gelman se había quedado en Europa luego del golpe militar y manejaba con habilidad su trabajo como periodista en la agencia Inter Press Service, al que usaba para acceder a dirigentes políticos y sociales del continente y alertarlos sobre lo que sucedía en la Argentina. Así había conocido a Mitterrand y a Olof Palme y los había alentado a firmar la solicitada sobre la situación en la Argentina que, junto con otros dirigentes socialdemócratas europeos, habían publicado en Le Monde en junio.

No era fácil, de todas maneras, la tarea de denunciar en el exterior las violaciones a los derechos humanos que se cometían en la Argentina. A diferencia de los chilenos que se habían visto obligados a huir de su país por la persecución pinochetista, los argentinos chocaban con la desconfianza de las organizaciones políticas y sociales de Europa Occidental.

Pesaban el desprestigio en el que había caído el gobierno de Isabel y la imagen moderada del gobierno militar, pero también que el peronismo era un fenómeno difícil de entender en el exterior. Los partidos y las organizaciones de izquierda lo consideraban parecido al fascismo, interpretación que se vio reforzada con la acción de los escuadrones parapoliciales de la ultraderecha durante 1974 y 1975.

Al recelo de la izquierda y la socialdemocracia europeas se sumaba una hostilidad inesperada de los partidos comunistas de Occidente y de los países socialistas. Tres de ellos —Rumania, Alemania Democrática y Hungría— habían dado visas de refugiados políticos a más de 2.000 chilenos, pero no habían entregado ni una sola a perseguidos políticos argentinos. "Mientras los chilenos atraían una enorme solidaridad internacional, para nosotros todo era mucho más difícil", recordó el abogado y miembro del ERP Rodolfo Mattarollo, exiliado en París antes del golpe militar, quien contaba una anécdota acerca de lo que enfrentaban los argentinos que viajaban a Suiza para denunciar a la dictadura argentina ante la comunidad internacional: "En el Palacio de las Naciones Unidas de Ginebra, cada vez que abordábamos a un diplomático de la Unión Soviética, él se ponía a mirar el reloj, sin ningún disimulo. Entonces, la única manera que encontrábamos de que no nos esquivara era seguirlo hasta el baño, donde le hablábamos cuando se paraba frente a un mingitorio".

Juan Gelman era quien había recibido la invitación del Congreso de los Estados Unidos. Sin embargo, el poeta debió rechazarla porque atravesaba un momento dramático: a fines de agosto habían sido secuestrados en Buenos Aires sus hijos Nora, de 19 años, y Marcelo, de 20, este último junto con su esposa, María Claudia Irureta, embarazada de siete meses. Era obvio que su presencia en el Congreso de los Estados Unidos para denunciar al régimen de Videla no hubiera hecho otra cosa que aumentar el riesgo que corrían sus hijos y su nuera en manos de la dictadura.

Cuando Gelman le propuso que viajara a Washington, Garzón Maceda quedó desconcertado. Histórico denunciante del "imperialismo yanqui", el abogado consideraba territorio enemigo a los Estados Unidos. De todas maneras, no iba a desaprovechar la oportunidad: aceptó viajar y llamó a Madrid para convencer a su socio, Gustavo Roca, de que lo acompañara.

Las audiencias en el Congreso llegaban pocos días después de otro secuestro en Buenos Aires de una ciudadana estadounidense. Patricia Erb, de 19 años, era hija de un matrimonio de pastores menonitas llegados a la Argentina en 1951 y militaba en la rama juvenil del ERP. El caso generó otra avalancha de reclamos de organizaciones religiosas y políticas al Departamento de Estado, que a su vez derivó en una fuerte presión de la embajada a la Junta Militar. Así se consiguió que la joven —después de pasar algunas semanas en Campo de Mayo, donde vio a decenas de miembros del ERP destruidos por la tortura— fuera blanqueada como detenida en la comisaría de Bella Vista y más tarde liberada. Sin la ayuda de la embajada —escribió en una carta a Henry Kissinger el responsable para América Latina de las misiones menonitas de Estados Unidos, Lawrence Greaser—, "Patricia habría sufrido el mismo destino que están sufriendo muchos otros".

En Estados Unidos también había preocupación por el antisemitismo en la Argentina, después de que en agosto fueran atacados algunos negocios y sinagogas en el barrio porteño del Once, así como también escuelas e instituciones culturales judías. Cincuenta parlamentarios demócratas y seis republicanos acababan de firmar una carta a Videla en la que le pedían que terminase con la violencia antisemita. Por eso había sido invitado a las audiencias Burton Levinson, presidente del comité de asuntos latinoamericanos de la Liga Antidifamación de B'nai B'rith, una organización de combate al antisemitismo con más de 60 años de historia. Dirigentes de la Liga habían ido a ver a comienzos de mes al embajador argentino en Washington, Arnaldo Musich, para plantear su inquietud. Una semana después, el gobierno ofreció un gesto, al cerrar por decreto la Editorial Milicia, editora de literatura nazi, y prohibir específicamente la circulación de seis de sus títulos. Levinson, de todas maneras, no se mostró conforme cuando le tocó hablar ante los legisladores norteamericanos. "En vista de la prohibición total —dijo— de los grupos de izquierda, cuya ideología no es compatible con los objetivos de la Nación, esperaría que las autoridades tomasen las mismas medidas para detener la campaña contra los judíos argentinos emprendida por la extrema derecha".

Otro de los oradores fue alguien que ya se había convertido en un severo problema para la dictadura: el sacerdote católico James Weeks, quien hizo un crudo relato del modo en que actuaban las fuerzas de seguridad en las operaciones clandestinas, de las que él mismo había sido víctima. El cura concluyó su exposición con la convicción de un cuadro político, cuando se declaró "feliz de conocer los fuertes esfuerzos realizados por varios miembros del Congreso que insisten en relacionar la cuestión de los derechos humanos con los programas de asistencia externa. Sus esfuerzos deben ser alentados y reforzados. En cuanto a la asistencia militar, no veo la razón por la que el pueblo americano deba pagar los horribles abusos cometidos por los militares y la policía de estos gobiernos represivos".

También habló el Reverendo Bryan Hehir, de la Conferencia Católica de Estados Unidos, quien no había estado en la Argentina pero, sobre la base de los testimonios de los curas enviados al país por la organización, fue terminante: "Que hoy en la Argentina ocurre un número extraordinario de violaciones sistemáticas y completamente injustificadas a los derechos de la persona humana universalmente reconocidos es simplemente un hecho de existencia inexorable". Hehir denunció además otro asesinato de un religioso cometido por el gobierno el mes anterior, silenciado por los medios argentinos, del que había sido víctima el obispo de La Rioja, Enrique Angelelli, quien según la versión oficial había sufrido un accidente automovilístico: "Murió cuando su auto volcó repentinamente en una parte llana de una ruta bien pavimentada y con tráfico liviano. Se informó que el vehículo fue llevado a una base cercana de la Fuerza Aérea, sus neumáticos fueron removidos y no se permitió que fuera inspeccionado. Virtualmente nadie cree que haya sido un simple accidente".

Se hacía evidente que la postura de la Iglesia Católica de Estados Unidos con respecto a la dictadura argentina no era la misma que la del Vaticano. Apenas un día antes de la primera audiencia en el Capitolio, el Papa Pablo VI había recibido las credenciales del nuevo embajador argentino ante la Santa Sede, el dirigente radical balbinista Rubén Blanco, y si bien había condenado la violencia en la Argentina, había evitado responsabilizar directamente al gobierno militar: "No podemos dejar de participar intensamente en la pena de todos aquellos que han quedado consternados ante los recientes episodios que han costado la pérdida de valiosas vidas humanas, incluidas las de diversas personas eclesiásticas. Hechos estos acaecidos en circunstancias que todavía esperan una explicación adecuada". Como para despejar las dudas que despertó la deliberada ambigüedad de ese mensaje público, en privado Pablo VI "demostró conocer y comprender perfectamente las difíciles circunstancias en que se desarrolla el Proceso de Reorganización Nacional", según informó Blanco a la Cancillería. Esta aclaración debe haber tranquilizado a Guzzetti, quien se alineó con el Vaticano e informó rápidamente a los medios de comunicación que el gobierno argentino compartía "la preocupación y el dolor del Sumo Pontífice por las víctimas del terrorismo y es su intención seguir con las investigaciones pertinentes".

No fueron, sin embargo, los testimonios de los curas, sino los de los exiliados argentinos los que más llamaron la atención de los legisladores estadounidenses durante las audiencias del 28 y el 29 de septiembre. Roca explicó la actuación de los grupos de tareas a través de varios casos concretos. Cuando su relato se hizo reiterativo, prefirió darle un corte y aclaró: "Podría seguir extensamente, hasta el punto de usar todo el tiempo y la paciencia de ustedes contando miles y miles de episodios de este tipo. También podría continuar narrándoles qué es lo que sucede en las cárceles de mi país. Podría darles minúsculos detalles con nombres y fechas de hombres y mujeres torturados, humillados y maltratados. Podría contarles la crueldad de las torturas".

Garzón Maceda denunció que en Córdoba, desde el golpe, además de 1.600 detenidos había 800 desaparecidos, que eran torturados en los centros clandestinos de detención La Perla y Campo de la Ribera: "Estas 800 personas son los rehenes del general Menéndez y es de estos campos de concentración de donde son sacados. Son los ciudadanos que luego aparecen acribillados a balazos; y la explicación es que han muerto en tiroteos entre la guerrilla y fuerzas de seguridad".

Cuando llegó el turno de las preguntas, los legisladores se interesaron por determinar si realmente existían diferencias entre duros y moderados y cuál era el verdadero papel del presidente.

—¿Usted cree que al general Videla le gustaría cambiar el reino de terror que existe hoy? —preguntó Donald Fraser.

—Pienso que el terror es un instrumento de la política y, en tanto que es así, Videla ha aceptado y participado en estas medidas terroristas, con el objetivo de sostener sus políticas —respondió Garzón Maceda.

Los argentinos se enteraron de la realización de estas audiencias por los diarios que, si bien no transmitieron su contenido, reaccionaron con una mezcla de sorpresa e indignación. La Nación mostró su perplejidad por el hecho de que Estados Unidos, en lugar de asistir a sus aliados contra la amenaza del comunismo internacional, favoreciera a sus enemigos. La Prensa consideró que "quien critique al gobierno argentino, defiende al terrorismo". Clarín descalificó la actitud de los legisladores norteamericanos y pidió al gobierno militar que, de una vez por todas, se plantara con firmeza ante el ataque norteamericano: "La ausencia de testimonios independientes y la subestimación de la gravedad de la agresión a que está sujeta la Argentina privan de seriedad a las acusaciones de los legisladores norteamericanos. Todo lo dicho lleva a preguntarse si no ha llegado el momento de efectuar una enérgica y pública protesta por lo que ya configura una clásica intervención en nuestros asuntos internos". El Cronista reclamó que la Junta Militar no se dejara intimidar por la presión internacional: "Hay que perseverar en el esfuerzo, resignando de antemano toda ilusión de aprobación externa. Corren tiempos difíciles para la Argentina en el mundo; correrán mientras el tema de los derechos humanos siga de moda. Así es la opinión internacional: se concentra por meses en un asunto hasta olvidarlo, luego, por completo, y se atenuará más adelante cuando algún otro asunto, quizás, esperemos, un despertar ante las amenazas del comunismo internacional, ocupe su lugar y cuando la Argentina lance señales cada vez más claras de recuperación".

La reacción más teatral, sin embargo, provino de Jacobo Timerman, quien se ofreció a viajar a Washington para dar ante el Capitolio una versión distinta de lo que ocurría en la Argentina. En una carta al legislador norteamericano Donald Fraser, que hizo pública en el diario La Opinión, señaló "el peligro que significaría escuchar testimonios parciales, lo que creo está ocurriendo en esta subcomisión. La Opinión ha condenado todas las violencias, y en varias ocasiones ha subrayado que condenar uno solo de los extremos, ya sea el terrorismo de izquierda o el de derecha, significa ser cómplice del otro extremo. Esto me lleva, estimado señor Fraser, a solicitarle ser invitado a testificar ante esa subcomisión, en la convicción de que mi testimonio servirá para entender los derechos humanos de toda la población argentina, sin exclusiones, y a impedir un deterioro innecesario de las relaciones entre nuestros dos países".

La actitud del Congreso de Estados Unidos, quedaba cada vez más claro, no tenía nada que ver con el pensamiento del gobierno republicano. A pesar de que conocía en detalle los crímenes que cometía la dictadura argentina —porque la embajada enviaba información casi cotidianamente—, la administración de Gerald Ford aún hacía lo que estaba a su alcance para darle una mano. Henry Kissinger y el Departamento de Estado sabían de primera mano que la amenaza de los grupos armados revolucionarios ya no era significativa y no representaba más que una excusa pueril para justificar la magnitud de una represión que excedía cualquier límite razonable, aun a los ojos de los halcones de la Guerra Fría.

Fragmento de Somos derechos y humanos. La batalla de la dictadura y los medios contra el mundo y la reacción internacional frente a los desaparecidos, de Daniel Gutman, publicado por editorial Sudamericana.