Falsos tarotistas peruanos ofrecían abortos clandestinos en Liniers

Declarada como rebelde y prófuga de la Justicia bajo un pedido de detención, Paola Esperanza Silva Magallanes, alias "Hermana Paola", cayó presa días atrás de la forma más estúpida: por ir a la Policía a ver sus antecedentes. Peruana, de 30 años de edad, fue puesta a disposición del juez federal Sergio Torres. Sin embargo, el magistrado tuvo que dejarla ir, excarcelada bajo una pequeña caución de $10 mil pesos. Cerca de Torres, una voz explicó la encerrona judicial que permitió que Paola salga libre: "Las penas a la banda que integró fueron tan bajas que no hubo suficiente para dejarla presa". El fiscal Federico Delgado respondió rápidamente con un pedido de prisión preventiva, bajo un evidente peligro de fuga.

La captura y rápida liberación de la "Hermana Paola" se había vuelto en una piedra en su zapato. Tanto él como el Juzgado Federal N°12 la habían investigado arduamente a ella y a sus cómplices. ¿El delito? De acuerdo al pedido de prisión preventiva de Delgado, integrar "una banda de personas que de un modo organizado montó una clínica para la práctica ilegal de abortos y suministro de medicamentos". Desde agosto de 2009 hasta 2011, la organización que integró Magallanes interrumpió embarazos con medicamentos como Misoprostol e incluso intervenciones quirúrgicas en hasta gestaciones de cuatro meses en falsos consultorios en Liniers, sin licencia médica alguna o siquiera condiciones básicas de higiene.

Se anunciaban a través de volantes, algunos de ellos prometían otros fines, como lecturas de tarot, "amarres" y brujerías de pareja. Otros eran más frontales: "Consultorio Mi Bolivia, atención a mujeres en edad fértil – solución atraso menstrual - $300 – con garantía", decía uno de ellos. El caso de Paola Magallanes en particular es al menos sórdido. En septiembre del 2011, según la elevación a juicio presentada por Delgado, testigos indicaron que la "Hermana Paola" le practicó un aborto a una mujer en una pequeña pieza en la esquina de Carhué e Ibarrola. Le dio pastillas y le practicó un raspaje por $1500 pesos. La mujer le manifestó que sufría de dolores; Magallanes le respondió que se la aguantara porque si no "iría a la cárcel". Tras una alta fiebre y un profundo malestar vaginal, la mujer terminó internada un mes en el Hospital Penna: tuvieron que extirparle el útero para salvarle la vida. Luego, fue a increpar a Magallanes. Negó todo, bajo la excusa de que sus "tratamientos" siempre "le salían bien".

No fue un caso fácil de cerrar para Delgado y el Juzgado N°12. La banda cambiaba de domicilios rápidamente y descartaba sus líneas telefónicas: una decena de allanamientos en donde se hallaron gran cantidad de pastillas e instrumental quirúrgico, comunicaciones intervenidas, la participación de divisiones de la PFA y la Policía Metropolitana y hasta una agente policial encubierta que visitó los consultorios fueron parte de la pesquisa. Por otra parte, la banda está lejos de caer presa en su totalidad: Paola Magallanes es, en sí, una de cinco mujeres procesadas y prófugas en el organigrama. Eventualmente, su líder, Marcos Antonio Escobar Sosa, alias "Hermano Vicente", peruano, oriundo de la ciudad de Tacna, de 46 años, vecino de Villa Celina y tarotista de profesión y cinco de sus cómplices -José Dameno, Martina Iris Apaza, Tamara Ibañez, Rafael Quispe Lima y Carlos Sánchez García- terminaron presos. Pero el fallo que los condenó el 31 de marzo del año pasado dejó al resto de la investigación en una posición al menos incómoda.

El Tribunal Oral Federal N°6, presidido por el doctor Julio Panelo junto a María del Carmen Roqueta y José Valentín Martínez, le dio cinco años de cárcel a Escobar Sosa, como autor penalmente responsable de los delitos de aborto con consentimiento, ser el jefe de una asociación ilícita y vender pastillas sin licencia. informó en aquel entonces el sitio Fiscales.gob.ar. El veredicto habló de una división de roles: "a) quienes distribuían constantemente folletos en la vía pública que sugerían la posibilidad de interrumpir un embarazo no deseado; b) los que derivaban a los clientes a los diferentes consultorios ilegales; c) quienes atendían a los 'pacientes' y ofrecían dos posibles opciones de interrupción del embarazo –ya sea mediante la ingesta de medicamentos por vía oral o mediante la introducción de éstos en el órgano sexual femenino o bien mediante prácticas 'quirúrgicas' por fuera de las normas sanitarias permitidas- y por último d) quienes se encargaban de conseguir –por fuera del marco legal- los medicamentos a utilizar".

El resto de la banda recibió tres años de cárcel para cada uno. Sin embargo, estas penas fueron de ejecución condicional, penas en suspenso. Así, la puerta quedó abierta para que Magallanes quede libre. Jurídicamente, el fallo se volvió un escollo.

Hubo en la causa un episodio más inquietante que el protagonizado por Paola Magallanes, ocurrido en febrero de 2011 en la calle Montiel al 30, en donde se le practicó un aborto a una mujer que resultó, según la elevación a juicio de Delgado, "en una hemorragia por la cual tuvo que ser internada por urgencia en el Hospital Santojanni". El paso a paso es sorprendente, de acuerdo al relato de la víctima de una evidente mala praxis.

El texto sigue: "Según relató, primero "la doctora" le colocó unas pastillas en su vagina y le dio otras para que tome, luego la envió a caminar durante una hora. Le colocó un masajeador eléctrico sobre su panza indicándole que tenía que esperar hasta que sintiera dolor, lo cual sucedió a las dos horas. Sin embargo, le revisó la vagina y todavía no había dilatado por lo que le puso una inyección en la nalga y le volvieron a colocar el masajeador. Una hora después los dolores eran mucho más fuertes, la "doctora" y la madre la subieron a una camilla. Janet se fue y la madre realizó el resto del trabajo; le colocó el aparato en la vagina para lograr que se abra y luego la hizo pujar como en un parto. No pudo ver si le pusieron algo más porque la taparon con una sábana. Terminado el trabajo la hicieron ir al baño para que siguiera pujando porque no se había despegado la placenta". Escobar Sosa fue quien pactó y cobró los $3200 pesos del tratamiento fallido. Un miembro de la banda llevó a la joven al hospital y reconoció el procedimiento.

El 6 de agosto, la jueza Roqueta volvió en una nueva decisión al "Hermano Vicente", alojado en ese momento en la Unidad N°14 de Esquel. Preso desde diciembre de 2012, Roqueta recordó que la pena impuesta al líder de la banda abortera terminará el 16 de diciembre de 2017, de acuerdo a cómputos. Un pedido de la defensora oficial de Escobar Sosa llevó a revisar su situación. La abogada pública pidió que se le conceda "la aplicación del estímulo educativo", requiriendo que "al momento de resolver, se reduzcan los plazos para el avance en el Régimen de Progresividad Penitenciaria por un total de ocho meses", el beneficio de reducir la pena, más una petición para iniciar los trámites de libertad condicional.

En su tiempo de encierro, Escobar Sosa se dedicó a estudiar. Informes elaborados por el Servicio Penitenciario Federal indicaron que aprobó el sexto año de la Escuela de Educación para Adultos en 2013 y el primer año del secundario un año después, más dos cursos de zapatería. La jueza Roqueta encomendó, de acuerdo al fallo publicado por el Centro de Información Judicial, "el esfuerzo del condenado en procurar capacitarse satisfactoriamente y así, facilitar su reinserción social mediante el estudio y la capacidad laboral". Así, la magistrada computó "la finalización de los estudios primarios" de Escobar Sosa con dos meses y "otros dos meses" por su educación en calzado. Así, el "Hermano Vicente", que puso en riesgo vidas humanas, recibió la reducción de cuatro meses de su pena, por terminar el primario y por estudiar zapatería.