Adrián Escandar 162
Adrián Escandar 162

"Estoy esperando a que venga mi relevo", dice Cristina Caamaño a Infobae sin agitarse desde su despacho del quinto piso del edificio de la DICOM en Avenida de los Incas, pleno Belgrano. Esta mañana, el Boletín Oficial publicó un decreto de necesidad y urgencia largamente anticipado por el ministro de Justicia Germán Garavano, que anunciaba la decisión del nuevo Ejecutivo de traspasar el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones, el foco de más de 3200 intervenciones telefónicas ordenadas judicialmente y múltiples sospechas de pinchaduras ilícitas, a la esfera de la Corte Suprema, con jueces de Cámara que controlarían al organismo por plazos de un año. El decreto establece en su texto que Caamaño hoy mismo debería ser reemplazada. Sin embargo, al cierre de esta nota, nadie de la Corte Suprema se había presentado para hacerlo.


La DICOM, ex OJOTA, había pasado a manos de la Procuración de Alejandra Gils Carbó con la llegada de Oscar Parrilli y Juan Martín Mena como nuevos jefes de Inteligencia tras la caída del ex espía Antonio "Jaime" Stiuso. Caamaño, a cargo de los recursos procesales de la Procuración como directora de la DATIP, fue designada jefa de las escuchas ilegales. Intentó imprimirle a su gestión una impronta de transparencia tras diversas acusaciones; colaboró, por ejemplo, con el juez Sebastián Casanello tras las acusaciones formuladas poco antes de las elecciones presidenciales por Patricia Bullrich y Laura Alonso. De cara al decreto que la remueve y a situaciones como las protagonizadas por Martín Sabbatella en la AFSCA, Caamaño no busca resistir en su silla. "No voy a atrincherarme en mi despacho, de ninguna manera", apunta: "Nosotros trabajamos con temas sensibles como son los secuestros extorsivos. No puedo ponerme a discutir o tironear".


–¿Este paso ocurre sin transición de personal?

–Va a tener que volver la vieja gente de informática para que maneje el sistema. Esto implica que vuelva la gente de Stiuso. Esto no es como en las películas de Hitchcock que enchufabas un canuto y escuchabas, sino algo muy complejo. Estuvimos como ocho meses para aprender a manejar el sistema. Los únicos que saben hacerlo, aparte de nosotros, son los efectivos de la ex SIDE. El sistema lo instaló Stiuso mismo. La gente es de él, claramente. Yo quedo a cargo de la DATIP, de la dirección general, donde estamos armando un laboratorio forense y un cuerpo de investigadores.


–¿Piensa presentar su renuncia?

–No tengo por qué hacerlo. Viene uno a reemplazarme y le dejo las 3235 interceptaciones vigentes, le dejo los legajos con los oficios judiciales y hacemos un acto de traspaso. A mí me nombró la procuradora.


–¿Qué valoración hace de este DNU?

–Que es inconstitucional: abarca materia penal, cuando el inciso 3 del artículo 99 de la Constitución lo prohíbe expresamente. Igualmente, hacen un decreto en donde no hay necesidad. Estamos trabajando muy bien. Redujimos los tiempos de conexión de una hora y cuarto a veinte minutos. Ya no hay lista de espera de 40 días como solía haberla porque se hacían negocios por izquierda. Hoy todo el mundo está conectado.


–¿Corren riesgo las escuchas activas?

–Yo no voy a hacer ningún tipo de abandono. Estamos trabajando normalmente esperando a que alguien se venga a hacer cargo.


–El ministro Garavano expresó que "los jueces y fiscales que tuvieron un protagonismo excesivo con procesos binarios dieran un paso al costado". ¿Lo toma como una indirecta hacia usted?

–Yo soy fiscal por concurso. Concursé con Becerra y juré con Righi. Tardaron tanto los juramentos que juré una gestión después. De esa indirecta no me hago cargo.