La Corte Suprema de Mendoza aceptó un recurso de hábeas corpus colectivo que implicará la liberación de más de 800 presos encarcelados sin orden judicial. La ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, advirtió que el fallo "crea un ambiente de indefensión en la población" mendocina y anticipó que intentará impedir que se cumpla la sentencia.
El recurso fue presentado por la Asociación Civil Xumex, el procurador de las personas privadas de su liberad en Mendoza, Fabricio Imparado, la integrante del comité provincial para la prevención de la tortura María Mercedes Duverti y el abogado Diego Lavado. Pidieron poner fin al hacinamiento y que se cumpla con el Código Procesal Penal, que establece que los fiscales tienen 10 días para pedir una prisión preventiva y los jueces, 24 horas para concederla. "Nadie cumplía, ya que se estiraban en promedio unos 4 meses, e incluso un año", explicaron desde la ONG sobre los fiscales. Y agregaron que los magistrados "se tomaban hasta dos semanas".
Frente a ese panorama, según publicó el portal MDZ, los jueces Omar Palermo, Jorge Nanclares, Alejandro Pérez Hualde y Julio Gómez consideraron que el 50 por ciento de los presos está en una situación legal precaria. Y tomaron una decisión que se traducirá en una masiva liberación de presos.
El Poder Ejecutivo provincial cuestionó la decisión. La vicegobernadora Laura Montero tildó el fallo de "inconsulto, inoportuno y riesgoso para toda la población", mientras que el ministro de Seguridad, Gianni Venier, dijo que es "una sentencia sacapresos".
Desde la Fundación Xumec les contestó Lucas Lecour, uno de sus integrantes. "Me llamaron la atención las declaraciones. El Gobierno esta semana se reunió con la Corte por los hacinamientos en las cárceles, se informó que se estaba por salir el fallo y lo tomaron como una muy buena decisión de empezar a exigir más trabajo a los jueces y fiscales", rebatió.
En tanto, la ministra Bullrich, y otros funcionarios de su cartera mantuvieron una teleconferencia con el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Seguridad provincial para "definir las líneas de acción para evaluar la inconveniencia y la imposibilidad de la puesta en marcha del fallo", según explicaron en un comunicado.
"El objetivo planteado es que la Corte Suprema no implemente y no ejecute en forma material este fallo y, además, buscar que dicte una acordada de suspensión o prórroga hasta tanto se convoque a los poderes ejecutivos y legislativos de la provincia", sostuvieron, pese a que no explicaron cómo harán para frenar la aplicación de la sentencia.
"A la vez se evalúa convocar, en el marco de la ley de seguridad interior, a la mesa de crisis en conjunto con el Ministerio de Seguridad, ya que al ser Mendoza una provincia de frontera esta decisión podría alterar la política de seguridad dictada a nivel nacional, y disponer de una cantidad de recursos que deberían ir a la lucha contra el narcotráfico a la ejecución del mencionado fallo", agregaron.
Según los funcionarios, la decisión posee diversos efectos, entre los cuales destacaron: "Crear un ambiente de indefensión en la población de la provincia, poner en peligro la integridad de quienes colaboraron como testigos con el sistema judicial y, fundamentalmente, generar un claro estado de ''gravedad institucional'' al provocar una situación de emergencia de seguridad".
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