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El juez federal Ariel Lijo dio por concluida la investigación judicial conocida como Caso Ciccone por la que tiene un procesamiento en su contra el vicepresidente de la Nación Amado Boudou.
La decisión de Lijo implica que el fiscal a cargo del expediente, Jorge Di Lello tiene seis días para expedirse sobre la acusación contra Boudou y otros cinco procesados. Puede pedir el sobreseimiento, solicitar nuevas medidas de prueba o elevar el caso a juicio oral y público.
Según Lijo, Boudou, cuando era ministro de Economía de Cristina Kirchner, se quedó con la imprenta Ciccone Calcográfica que tenía como cliente a la Casa de Moneda, que dependía de la cartera que encabezaba el actual vicepresidente de la Nación.
Fueron procesados además de Boudou, sus testaferros José María Núñez Carmona y Alejando Vandenbroele, el ex dueño de la imprenta, Nicolás Ciccone, el ex funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el asesor de Economía Guido Forcieri.
A Guillermo Reinwick, yerno de Ciccone, a quien Lijo habría procesado la Cámara Federal le dictó una falta de mérito. Por eso no fue incluido entre aquellos sobre los que debe opinar el fiscal Di Lello.
En junio de 2014 Lijo procesó a Boudou porque según comprobó, los Ciccone le pagaron con acciones de la compañía, la gestión ministerial para salvar la fábrica de hacer billetes. Y la compra se hizo a través de Vandenbroele quien apareció al frente del fondo llamado The Old Fund que adquirió las acciones.
Vandenbroele, un abogado que vivió temporalmente en el departamento de Boudou en Puerto Madero, tenía una relación con Núñez Carmona, socio y amigo de Boudou desde la época de las largas noches marplatenses.
Los procesamientos, por lo delitos de cohecho y negociaciones incompatible con la función públicas fueron confirmados por la Cámara Federal y luego por la Cámara de Casación.
Para Lijo no hay nada más que investigar respecto de la parte del Caso Ciccone donde está involucrado el vicepresidente. Ahora es Di Lello quien debe hablar.
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