Muy conforme con el fallo de la Corte, el senador Rubén Giustiniani presentará hoy un pedido de aclaración en torno a los plazos para que YPF brinde la información requerida. Según el decreto 1172 de acceso a la información pública, hay 10 días hábiles de plazo con una extensión de otros 10 días más. Giustiniani votó a favor de la recuperación de YPF y tuvo una activa participación en el debate. Antes de presentarse a la Justicia, agotó la vía administrativa, pero YPF le contestó que como era una empresa privada, no estaba obligada a dar a conocer el contrato.
— ¿Conforme, senador, con el fallo de la Corte Suprema?
— Sí, muy conforme, muy satisfecho, es un fallo trascendente desde el punto de vista del derecho a la información que tiene el ciudadano de conocer qué se hace con las empresas públicas. Y desde el punto de vista del derecho ambiental. Esos 29 puntos del fallo son contundentes, y sientan un precedente fundamental, no tanto en sí para este punto que ya es muy importante, porque se trata de la segunda reserva de gas no convencional del mundo, cuarta reserva de petróleo no convencional del mundo, contrato realizado sin licitación a 35 años entre YPF y Chevron. Merecíamos conocer ese contrato, pero además lo que la Corte dice es que toda empresa pública está abarcada por el decreto 1172 de derecho a la información. Es decir que Enarsa, Arsat, Aysa, Aerolíneas Argentinas son todas empresas que a pesar de ser sociedades anónimas, tienen capital mayoritario estatal, funcionan con dinero de todos los argentinos, es el Gobierno quien designa su directorio, y por lo tanto, están con la obligación de dar información de su funcionamiento a todo el país.
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— Hagamos la historia de esta decisión. ¿Cómo llega a la Corte Suprema esta decisión? El contrato se firma en diciembre del 2012, ¿cuándo acciona ante la justicia?
— A principios del 2013 fui por nota pidiendo a YPF una nota del contrato, alegando que el Congreso debía conocer el contrato, y como me fue rechazada la nota con fundamentos muy poco sólidos diciendo que no tenían ningún tipo de obligación de dar información, recurrí a la Justicia.
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— ¿Es Gallucio el que contesta ese pedido de información?
— Ni siquiera. La carta yo se la mandé a Gallucio y me la hace contestar por un director. Después concurro con un amparo a la Justicia en primera instancia pidiendo una copia del contrato, es muy simple lo que yo pedía, una copia del contrato y sus anexos. El fallo de la Corte es contundente, que me tienen que entregar esa copia de contrato, pero no a mí personal porque sea senador nacional. El fallo es contundente en cuanto al derecho que tiene el pueblo, es un derecho humano el acceso a la información.
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— Usted me decía fuera de aire que normalmente no ha utilizado la vía de la Justicia, ¿qué fue lo que lo llevó a tomar esta decisión?
— Fue esa actitud de mucha soberbia de parte del Estado. Hay quien cree que por estar sentado en un sillón del Estado es el dueño del Estado, y el dueño del Estado son los ciudadanos. En ese sentido, el fallo hace docencia, es ejemplificador, y no solamente hace a un tema concreto, sino que es un fallo que sienta jurisprudencia a todo lo que viene.
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— Es importante y también gratificante. Usted también manifiesta una preocupación en el método de exploración de Chevron que tiene cuestionamientos ambientales. ¿Por qué no desarrolla esta idea?
— Todos sabemos que el método de fracking, que no es la perforación por la que se llega hasta el pozo para la extracción, es distinto. Sucede que el petróleo y el gas están contenidos en la roca, entonces hay que triturarla y con determinados componentes químicos hay que separar el gas y el petróleo para después extraerlo. Este método puede contaminar las napas de agua subterráneo y poner en riesgo a la población. Por eso es importante ver los informes de impacto ambiental, por eso el fallo de la Corte habla del derecho de la información en términos generales y también en términos particulares al derecho ambiental.
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— ¿Qué argumentos dio YPF para negarle la información?
— Que era una empresa privada y que por lo tanto no tenía obligación a darle información al Congreso. Yo había votado la ley de Recuperación de YPF, entonces era como violentarme como parte del debate que se dio en el Senado. Yo cuestioné en el debate que se mantenga como sociedad anónima, pero aun así. El fallo desarrolla puntualmente este concepto, es muy importante leerlo. El fallo dice que YPF es una sociedad anónima, pero que tiene una mayoría de capital accionario estatal, 51 por ciento, el presidente fue designado por la Presidente, el vicepresidente también, que es Axel Kicillof, se usan fondos públicos para su funcionamiento, cuando saca letras. Por ejemplo, ahora se le está pagando a Repsol por la expropiación, la pagamos todos los argentinos. Fondos públicos, designación por parte del ejecutivo, 51 por ciento del capital accionario, todo esto indica que es una empresa pública.
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— Claro, evidentemente ha sido un engaña pichanga, no solo de YPF, sino de todas las empresas con status jurídico similar.
— Exactamente, porque eran empresas que estaban en un limbo antes de este fallo, porque por un lado alegaban ser una empresa privada, y se escapaban de esa manera de la Auditoría General de la Nación, que no tenía manera de cómo controlarlas, ex post, posterior a la ejecución de un presupuesto. Y también se escapaban de la Sindicatura General de la Nación, que hace el control antes. No tenían control de la Auditoría, ni de la Sindicatura, y funcionaba a su vez con fondos del Estado, y con decisiones del Estado, con lo cual este fallo fija claramente que estas empresas tienen la obligación de rendir cuentas ante la sociedad. No es el Estado el que resume los secretos, sino que es el pueblo que tiene el derecho a conocer, es el acceso a la información pública, que es un derecho humano básico hoy reconocido por las organizaciones internacionales.
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— ¿Esperaba tener esta noticia antes de dejar su banca como senador nacional?
— Lo tomo como un triunfo de la democracia, para mí es un premio muy grande de terminar mi gestión como Senador el próximo 10 de diciembre con este fallo de la Corte. Ahora me voy como diputado provincial en Santa Fe.
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— Sale por la puerta grande del Senado y entrará por la puerta grande en su próxima tarea legislativa también. Evidentemente, tiene sentido persistir en lo que uno cree. ¿Tuvo alguna repercusión de parte de la empresa?
— Nadie de la empresa me llamó. En el comunicado oficial dicen que van a acatar el fallo, lo que es una obviedad. Voy a presentar en un rato a la Corte una aclaratoria del fallo, por el tema de los tiempos, porque el decreto 1172 de acceso a la información pública le da 10 días hábiles a la empresa o Estado para dar la información reclamada, con una extensión de 10 días más, por lo cual estamos dentro de esos plazos fijados, estamos en más o menos de acá a 30 días para entregar la información. Lo que tienen que hacer es muy simple, darnos una copia del contrato para ponerla en consideración de toda la sociedad.