El gobierno de Uruguay anunció el domingo a los sindicatos que tomará la iniciativa de destrabar el conflicto y levantará el decreto de esencialidad, que califica la enseñanza pública de "esencial", prohíbe las huelgas y obliga a los docentes a dar clases para no quedar fuera de la ley.
"El gobierno levanta la esencialidad en función de las resoluciones que fueron tomando los gremios", indicó al diario uruguayo El Observador el dirigente de la central sindical Marcelo Abdala, quien se mostró contento con el anuncio.
Pese a que se levantará este lunes, la esencialidad dejará de tener efecto a partir del martes. Por lo tanto, pese a la firma del acta, se mantienen los paros acordados para hoy en todos los liceos del país y en las escuelas de Canelones, Durazno y Montevideo, según un comunicado de la Administración Nacional de la Educación Pública (ANEP). En cambio, habrá clases en los colegios de los otros 15 departamentos del país.
En ese sentido, la normalidad en lo que conicerne a las jornadas escolares a nivel nacional regresaría este martes.
La Federación Nacional de Profesores (Fenapes) resolvió en asamblea mantener el paro previsto para este lunes y realizar otro paro el martes, aunque tras el anuncio del gobierno se espera que la última huelga sea este lunes.
La medida de la Fenapes se suma a la decisión de paro para el lunes de la asociación de maestros de Montevideo, Canelones, (los dos departamentos más poblados del país), los de Durazno (centro) y Treinta y Tres (este) y la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM) que decretó el sábado un paro de 24 horas entre martes y viernes si el gobierno no retira la esencialidad.
Los docentes reclaman un salario mínimo de 30.000 pesos (unos 1.040 dólares) y rechazan una propuesta de las autoridades de llevar el salario mínimo a 25.000 pesos (unos 865 dólares). Actualmente el salario mínimo docente por 20 horas de clase dictadas a la semana es de 21.000 pesos (unos 728 dólares).
Los sindicatos también reclaman el 6% del Producto Bruto Interno para los presupuestos educativos y rechazan una propuesta del gobierno de condicionar un eventual aumento de sueldos al cumplimiento de metas educativas y al compromiso de no realizar huelgas.