Una concejal kirchnerista fue procesada por explotación sexual

El juez federal Norberto Oyarbide procesó a la concejal kirchnerista de San Antonio de Areco y ex funcionaria sciolista Angelina Zapico, a sus padres, su hermana y a varios de sus socios por explotación sexual. La edil está acusada de ser la propietaria de una serie de prostíbulos, entre ellos, el histórico Café Orleans, en la esquina de San Martín y Córdoba, en el microcentro porteño.

La denuncia fue impulsada por Lucas Schaerer, de la Fundación La Alameda. En un escrito presentado el 16 de abril, aseguró que Zapico posee cuatro sociedades que son dueñas de varios bares del centro de la Ciudad de Buenos Aires en los que funcionan prostíbulos. "Lo que hacen es aprovechar la habilitación como restaurantes para encubrir la actividad sexual", señaló a Infobae.

Tras realizar una investigación preliminar, el fiscal Federico Delgado pidió impulsar la causa porque comprobó que los locales denunciados son "frecuentados por mujeres que ejercen la prostitución, quienes aportan una comisión al comercio en concepto de 'copas compartidas' que consumen con los ocasionales clientes, para luego retirarse a un hotel de la zona".

El expediente cayó en el juzgado de Oyarbide y quedó en manos del fiscal Gerardo Pollicita. El magistrado allanó y clausuró varios de los bares, y llamó a indagatoria a Zapico, quien finalmente fue procesada el 7 de julio, según confirmaron a Infobae fuentes judiciales. El juez también la embargó por 200 mil pesos y le prohibió salir del país. Los abogados de la defensa ya apelaron la decisión.

En el mismo acto, Oyarbide también procesó a los socios de Zapico en las firmas Ril SRL, Jocel SA, Loch Ness SRL y Reconquista 872 SRL, y a los dueños de otras empresas vinculadas a la red de supuestos prostíbulos, entre quienes se encuentran los padres de la concejal, José Antonio Zapico y Celsa Concheso Álvarez de Zapico, y su hermana Mariana Zapico. El resto de los involucrados son Segundo Gómez y Ares y Andrés Cardozo, ambos detenidos y liberados durante los allanamientos, y Manuel Vásquez López, Nicolás Martiniano Pizarro y Hernán Vázquez.

Zapico, ex directora de Tierras de la Provincia de Buenos Aires, quedó formalmente acusada de violar el artículo 125 bis del Código Penal, que reprime al que "promoviere o facilitare la prostitución de una persona, aunque mediare el consentimiento de la víctima". Por ser funcionaria pública, la pena se agrava a entre 5 y 10 años de prisión.

En un probable acto de torpeza o ignorancia, Zapico reconoció que en sus bares hay prostitutas. Aunque la edil sostuvo que eso no configuraría un delito, para La Alameda se trató de una autoincriminación.

"Son bares con las ventanas completamente abiertas, con vista a la calle, libres. No se ejerce la prostitución en esos lugares. Son realmente bares. Sí concurren chicas, eso no lo discuto", admitió a una radio de San Antonio de Areco. Y se defendió: "Yo jamás tuve participación. Jamás trabajé ahí, jamás los administré, jamás concurrí. Estos son negocios de mi padre. Lo único que fue mi error, entre comillas, es que mi padre me pusiera en una de las sociedades como socia".

En el terreno político, la oposición de San Antonio de Areco pidió que Zapico pida licencia o renuncie. Sin embargo, la acusada rechazó la pretensión, culpó a los medios y alegó que la denuncia es "un ataque al Frente para la Victoria". Aun así, bajó el perfil, cerró su cuenta de Twitter y dejó de hablar en las sesiones del Concejo Deliberante, donde solía tener cierto protagonismo. También dejó de atender el teléfono: en los últimos meses Infobae se comunicó varias veces a su celular, pero nunca contestó.