Ninguna provincia del país utilizó una consultora privada para reestructurar deuda con el Estado nacional. En realidad una sola sí lo hizo: Formosa, que le pagó $7,6 millones a The Old Fund para que asesorara en esa operación.
Esa información fue enviada por los ministerios de Economía de las provincias al juzgado de Sebastián Casanello quien, junto al fiscal Carlos Rívolo investigan el caso del negociado realizado entre 2009 y 2010 por Amado Boudou cuando era ministro de Economía y Gildo Insfrán gobernador de Formosa.
Por aquellos días se firmó un acuerdo para reestructurar la deuda provincial. Por el asesoramiento, la firma The Old Fund, la misma que se quedó con la imprenta Ciccone Calcográfica, cobró una suculenta comisión de $7,6 millones.
Parte de ese monto "retornó" hacia una empresa que pertenece a un hombre de confianza de Insfrán: Martín Cortés. A su firma "Estrategias de Imagen y Comunicación" volvieron $2,2 millones. Cortés es director y accionista del Banco de Formosa.
Para el fiscal Rívolo, la maniobra fue delictiva y por eso le pidió al juez Casanello que llame a indagatoria a Boudou, Insfrán, el socio del vice José María Núñez Carmona, el empresario-funcionario Cortés y la diputada nacional y ex ministra de Economía formoseña, Beatriz Lotto de Vecchietti.
Rívolo señaló que "la maniobra delictiva consistió en la simulación de un asesoramiento profesional, que no fue en realidad tal, llevado a cabo en el marco real del proceso de reestructuración de la deuda pública de la provincia de Formosa; con el objeto de percibir la suma de $7.667.161,30 pagada con fondos públicos de esa provincia, a través de la firma mencionada".
Casanello había llamado a indagatoria a Alejandro Vandenbroele, testaferro de Boudou que estuvo al frente de la firma The Old Fund- que no tenía ni empleados ni antecedentes en la materia- y a Jorge Melchor, quien dirige el Fondo Fiduciario Provincial (Fonfipro), el organismo que pagó la millonaria comisión.
El juez Ariel Lijo, quien procesó a Boudou por el Caso Ciccone, determinó que The Old Fund, era propiedad del vice y de su entorno de negocios.Esa determinación fue avalada por la Sala I de la Cámara Federal que confirmó el procesamiento del vice.
La calificación establecida por Rívolo es la de negociaciones incompatibles con la función pública y malversación de caudales públicos. Otro problema judicial más para el vicepresidente de la Nación.
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