La trágica y misteriosa muerte del fiscal a href="https://www.infobae.com/" rel="noopener noreferrer" Alberto Nisman/a trajo, entre sus múltiples derivaciones, una feroz crítica a los sistemas de seguridad y vigilancia del complejo de viviendas "Le Parc". Tanto la Fiscal del caso, Viviana Fein, como diversos medios de prensa, señalaron que el personal de seguridad no estaba entrenado para efectuar tareas de control y registración de visitas, que las cámaras de seguridad no funcionaban correctamente –algunas incluso estaban apagadas- y que los libros de entrada y salida contenía numerosos errores y omisiones.
Bueno es recordar que el mencionado complejo de viviendas no es otra cosa que un consorcio de copropietarios privado y que por lo tanto no le cabe como persona jurídica ninguna obligación de tener protocolos de seguridad más allá de la norma legal de contar con un encargado y ayudantes en un número acorde a la cantidad de viviendas, efectuar la revisión técnica de ascensores y alguna otra exigencia de ley. Cámaras, seguridad privada, control de acceso y cualquier otra medida que se adopte son un mero resorte de los copropietarios y ninguna cuenta deben rendir a nadie por la efectividad del sistema elegido. Está claro que la responsabilidad por la seguridad del fiscal Alberto Nisman pasaba por otro lado.
En cambio, es cada vez más habitual ver edificios públicos contando con sistemas de vigilancia a cargo de empresas privadas; y acá estamos frente a algo distinto, pues la seguridad de un edificio público es responsabilidad exclusiva del Estado.
El colmo de este descuido estatal por el resguardo de empleados y bienes públicos surge cuando hasta el propio Ministerio de a href="https://www.infobae.com/" rel="noopener noreferrer" Defensa/a de la Nación deja librada la suerte de propiedades de su área a la mejor o peor capacidad y predisposición de vigilantes privados que, sin poder de policía, poco podrán hacer en caso de que algo realmente grave ocurra.
Un caso emblemático entre otros lo constituye el del edificio ubicado en Reconquista 385, esquina Corrientes. Esta propiedad de siete pisos alberga mayoritariamente a organismos dependientes del Ministerio de Defensa. Tres de sus pisos son ocupados por a href="http://www.coviara.com.ar/" rel="noopener noreferrer" Coviara/a, empresa estatal cuyo directorio está integrado por militares -depende directamente del ministro Agustín Rossi- y que se ocupa de la construcción de viviendas para los miembros de las FFAA. Otro piso del edificio, el 7º, lo ocupa nada menos que una de las sedes del Centro de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa, que también cuenta con personal militar, mientras que el resto de las plantas alberga a dependencias de la Armada Argentina y conexas con la actividad naval. Todo dentro de la órbita de acción de la cartera de Defensa.
Aunque en el interior de este inmueble se guarda material sensible -legajos de personal, certificaciones por cursos obligatorios, planos de propiedades fiscales, etc.- la seguridad se encuentra en manos de una empresa privada, Segur Prevención, que no provee personal capacitado ni autorizado a intervenir aunque más no sea ante la presencia de un ratero.
En el 3er piso del inmueble está la Liga Naval Argentina, un organismo mixto que, con estatus análogo al de una ONG, es de todos modos una institución creada por la Armada para la difusión de los intereses marítimos argentinos.
Pero la seguridad no es la única peculiaridad de este inmueble. Funciona como un consorcio privado aunque el 90% de los propietarios son el mismo Estado, abona honorarios a un administrador que confecciona las liquidaciones de expensas, contrata las reparaciones, los abonos y la seguridad -el gasto anual en este último rubro supera el millón de pesos-, como si se tratase de un edificio privado y no de un bien del Estado nacional.
La Dirección de Inmuebles del Ministerio de Defensa, a cargo del agrimensor Sergio Rossi -primo del ministro y actualmente a cargo de la jefatura de gabinete del Ministerio- no atina a dar respuesta a los reiterados planteos oportunamente elevados por distintos funcionarios de menor rango, frente al dispendio estatal por gastos de seguridad privada en este edificio, un hecho que se repite en muchas propiedades fiscales, como por ejemplo las que albergan al Servicio Meteorológico Nacional y al Instituto Geográfico Militar, entre otros.
Tanto más absurdo es que el Ministerio de Defensa opte por gastar recursos públicos en contratar seguridad privada, cuanto que existe la posibilidad de establecer un sistema de vigilancia interna con personal propio o proveniente de las FFAA, ya que si bien éstos no pueden realizar tareas de seguridad interior sí pueden custodiar destinos militares. La Armada, además, dispone de una fuerza policial civil, llamada Policía de Establecimientos Navales, que garantiza el orden y la prevención en bases navales donde reside población civil.