Por las amenazas del crimen organizado, 31 mil estudiantes no tienen clases en Acapulco

A pesar de que el gobierno federal asumió este mes la seguridad del turístico puerto, el gobierno estatal decidió que las clases seguirán paradas por el momento.

"Tratamos de resolver el problema y tomé la decisión, a solicitud de los profesores, que mejor no fueran a dar clases los maestros hasta que pudiéramos garantizar la seguridad que se merecen los niños", dijo el secretario de Educación estatal, Salvador Martínez.

Más de 190 escuelas han cerrado sus puertas tras sufrir casos de secuestro, extorsión y amenazas de presuntos miembros del crimen organizado, detalló el responsable educativo de Guerrero, el estado donde ocurrió la presumible masacre de 43 estudiantes en septiembre.

"Los días de clases se reponen. Lo que no puede reponerse es la vida"

En total, son más de 31.000 alumnos de jardín de niños, primaria y secundaria afectados por la suspensión indefinida de clases, que se extendería hasta que las autoridades generen condiciones de seguridad, dijo a la agencia de noticias AFP una profesora de las escuelas afectadas, que pidió el anonimato.

"Los días (de clases) se reponen. Lo que no puede reponerse es la vida", comentó Martínez. El secretario anunció que el 7 de enero, cuando finaliza el periodo vacacional navideño, el gobierno estatal implementará operativos policíacos en las escuelas.

Desde inicios de diciembre, la seguridad de Acapulco (790.000 habitantes) está en poder del gobierno federal, que quiere garantizar la llegada de turistas en estas fiestas navideñas.

Acapulco padece en los últimos años una ola de enfrentamientos entre cárteles de la droga que la convirtieron en una de las ciudades más violentas del país.

Además, el puerto se vio sacudido en los últimos meses por las fuertes protestas generadas por la presumible masacre de 43 estudiantes en Iguala, situada a 220 km.

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En la tragedia que indignó al país, policías locales y narcotraficantes atacaron a tiros a decenas de estudiantes de una escuela rural de magisterio. La fiscalía cree que 43 de ellos fueron asesinados e incinerados, aunque hasta el momento sólo se han identificado los restos de uno de ellos.