El juez federal Sebastián Casanello reclamó hoy al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que aclare si dio curso a la información que él accedió a aportar a Suiza sobre la causa por lavado de dinero contra el empresario Lázaro Báez. Ante la sospecha de que el trámite pudo haber sido demorado otorgó 48 horas al director de Asistencia Jurídica Internacional, el embajador Horacio Basabe, para responder su pedido.
El material en cuestión son copias de la causa por lavado de dinero que sigue Casanello contra Báez y en la que ya procesó al financista Federico Elaskar y Leonardo Fariña.
En Suiza se investiga al empresario santacruceño y a su entorno familiar por el depósito de unos 22 millones de dólares que habrían sido transferidos desde Panamá y estarían en dos bancos de aquel país. Esos fondos fueron bloqueados ante la sospecha de su origen ilícito.
El 16 de junio pasado, Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan aceptaron colaborar con la Justicia helvética y giraron información. Como en todo proceso de este tipo, esa gestión se realiza vía Cancillería. Es frente a la posibilidad de que el trámite haya podido ser demorado y un eventual vencimiento del decomiso de ese dinero en Suiza que el juez pidió conocer si se le dio curso a la colaboración.
Otro país, otra causa: un mismo investigado
Casanello recibió hoy un nuevo exhorto de la Justicia de Uruguay con pedido de colaboración. En ese país se abrió otra denuncia contra Báez por una presentación hecha por los legisladores opositores Manuel Garrido y Graciela Ocaña, y ahora la jueza Adriana de los Santos insiste en pedir información sobre antecedentes penales de algunas personas así como información sobre vuelos en una investigación por lavado de dinero.
Es que parte de la denuncia que investiga Casanello es sobre cómo habrían salido millones de euros hacia el exterior, y que según el programa Periodismo Para Todos lo fue en vuelos privados, con Uruguay como primer destino.
En Uruguay la sospecha está sobre el dinero que fue transferido desde la sociedad anónima uruguaya Reloway a la firma Badial; Báez es representante legal de la primera y la segunda es de su propiedad.
El juez y el fiscal evaluarán los términos de la respuesta que darán a Uruguay con la información que se reclama desde aquel país.
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