Investigan un posible caso de corrupción que podría salpicar al Consejo de la Magistratura

El Consejo de la Magistratura, órgano encargado de velar por la buena administración de Justicia, está por estos días en la mira por las sospechas de malos manejos de fondos públicos. Ya son cuatro las causas que apuntan sobre presuntas irregularidades en varios aspectos de la construcción de un "edificio inteligente" que se pagó pero nunca se terminó y ahora un fiscal requiere emprender una investigación por contrataciones del organismo.

Desde hace meses, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral posa su lupa sobre la falta de ejecución de la obra que se debía montar en la calle Uruguay 722 y que también tiene ingreso por Viamonte 1435.

Según la denuncia hecha por el abogado Ricardo Monner Sans, el proyecto se adjudicó a través de la Comisión de Administración Financiera del organismo a la empresa RIVA S.A. La suma inicial fue de $50.043.000 y luego trepó hasta los 70.510.214,88. Pero el edificio nunca se construyó, ya que habría habido problemas de habilitación observados por el gobierno porteño.

Para "preservar la prueba", el juez ordenó allanar la empresa RIVA S.A y realizó una orden de presentación en el Consejo de la Magistratura en busca de documentación. Pidió además a la administración de la Ciudad que informe si con ese inmueble hubo problemas de habilitación y si se dispuso una clausura por irregularidades. Y dispone de las licitaciones para analizarlas.

Fuentes judiciales dijeron a Infobae que Canicoba Corral ordenó a la División Arquitectura y Contralor Técnico de Policía Federal que constate el estado de la obra. En las fotografías obtenidas durante una inspección que ya hizo una comisión, sólo se aprecia un cartel que informa el inicio y que la misma es para el Poder Judicial.

Otra denuncia de Monner Sans derivó en una investigación, promovida por el fiscal Patricio Evers, sobre las contrataciones hechas por el Consejo de la Magistratura con la Universidad Tecnológica Nacional –Facultad Regional Buenos Aires- para proveer asistencia técnica, implementación de sistemas, y entrenamiento de personal.

Según el denunciante, en 2009-2010 las contrataciones fueron por 5.183.000, y en 2013-2014, de 22.682.000 de pesos.

Asimismo, el fiscal pidió investigar la contratación de personal los que se sospecha "estarían percibiendo un monto inferior con relación a la totalidad de los valores pagados con motivo de los contratos celebrados".

Evers solicitó al órgano copia de las resoluciones sobre las contrataciones. Y también que se dé intervención al cuerpo de auditores de la Corte Suprema "a fin de que indique el modo y/o mecanismo de contratación aplicable en cada uno de los casos objeto de investigación, y si se cumplió con la normativa vigente".

Existe en paralelo una investigación por la contratación del servicio de limpieza. También a cargo de Evers, ese proceso persigue irregularidades en la tercerización de esa área y de la de tecnología.

En el ojo del fiscal hay montos millonarios: entre 2011 y 2014 se habría abonado un monto superior a los 53 millones de pesos sólo por limpieza, aseveró Monner Sans.

El abogado denunció también anomalías en el alquiler de unidades funcionales en el edificio de la calle Lavalle al 1400. Sostuvo que los contratos se hicieron mediante una resolución interna del organismo de 2004, que establece pautas y el proceso que se debe llevar, y la "cual habría sido parcialmente derogada". Y sobre el edificio que se prevé utilizar para dependencias del fuero de seguridad social consta un informe que advirtió que las oficinas no sirven para ser utilizadas como juzgados.