El lunes fue un día de muchas novedades en el litigio que Argentina lleva adelante con los bonistas que no ingresaron a los canjes de deuda. Primero, el Gobierno hizo llegar al secretario de Estado, John Kerry, una carta, a través de la embajadora Cecilia Nahón, en la que hacía responsable al gobierno de Obama de cualquier decisión que "frustre la reestructuración de la deuda".
Horas más tarde, el juez Thomas Griesa encabezó una nueva audiencia y declaró a la Argentina en "desacato" por no cumplir el fallo del magistrado que obliga al pago de u$s1.330 millones a un grupo de acreedores que litigó contra el país así como por impulsar acciones que buscan esquivar la sentencia.
Ante esto, llegó la primera repercusión del gobierno norteamericano. Según consigna la agencia AFP, una portavoz del Departamento de Estado sostuvo que la administración de Obama "acompaña la situación de cerca", y agregó: "Nuestra posición sigue siendo clara. Es del interés de Argentina normalizar sus relaciones con todos sus acreedores".
De esta manera, los Estados Unidos contestaron con cautela a la dura carta llevada por Nahón y leída frente a las cámaras de televisión por el canciller Héctor Timerman. "Cualquier decisión que adopten los tribunales de los Estados Unidos de América que puedan frustrar dicha reestructuración de deuda soberana o cuestionar la actuación de los órganos políticos de la República Argentina, no sólo estaría fuera del alcance de su jurisdicción, sino que constituiría además una ilegítima injerencia en los asuntos internos del Estado argentino, que comprometería la responsabilidad internacional de los Estados Unidos de América", rezaba el texto, de 11 páginas y fechado el lunes en Washington.
Una vez conocida la decisión de Griesa de declarar el desacato, el Gobierno emitió un nuevo comunicado, a través de la Cancillería, en el que sostuvo que el fallo del magistrado de Nueva York era "violatorio del derecho internacional".
"La decisión del juez Griesa no tiene ningún efecto práctico salvo proveer de nuevos elementos que sirvan a la difamante campaña política y mediática llevada adelante por los fondos buitre contra la Argentina", remarcó el escrito.
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