No se achicó. Miguel Galeano se presentó en la Fiscalía, la misma que le había negado la información cuando intentó chequear la noticia en cuestión: que el hijo del gobernador Luis Beder Herrera le disparó a un policía encargado de su custodia durante un ataque de furia por la pérdida de su mascota. El periodista ratificó sus dichos y redobló la apuesta, apuntando contra los dirigentes que rodean al mandamás provincial.
La denuncia contra Galeano la hizo el jefe de la Policía provincial, Luis Páez, el viernes a la mañana. Lo acusó de divulgar información falsa. Ese mismo día le llegó la notificación al periodista con carácter urgente, pese a que no había nada que ameritara el apuro, sobre todo en una Justicia que suma una montaña de críticas por su lentitud. Eso no es todo: lo citaba a presentarse ese mismo día, aunque no le aclaraba por qué lo habían denunciado ni de qué delito se lo acusaba. Insólito y sugestivo.
Según publicó Medios Rioja, uno de los dos portales que dirige Galeano, el cronista ratificó su cuestionado artículo y declaró con un toque de ironía que está "preocupado por el gobernador, porque le llevó 30 horas armar las desmentidas".
"El problema no es Beder Herrera sino la dirigencia que tiene a su alrededor. Hay que decirle al gobernador que hay cosas que tiene que cambiar", agregó el periodista. Y aprovechó para despegar de la denuncia a un rival del gobernador dentro del peronismo local, el intendente capitalino Ricardo Quintela. Desde el bederismo acusan a Galeano de ser un "vocero" del jefe comunal.
Hay un antecedente reciente muy peligroso en La Rioja y que también tiene como protagonista a Galeano y a su compañera Andrea Laura Alonso. En julio del año pasado, en una escandalosa sentencia los jueces José Luis Magaquian y Norma Abate de Mazzuchelli, de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, ordenaron que los demandados "cesen de publicar u opinar en términos burlescos o agraviantes" contra el ministro de Infraestructura provincial, Néstor Bosetti.
Así las cosas, varios sectores se solidarizaron con Galeano. Desde la Fundación LED expresaron su repudio. "Resulta preocupante que se insista en nuestro país en utilizar a la justicia como mecanismo para silenciar información o para evitar que algún hecho de la vida pública o privada de los gobernantes o sus allegados tome relevancia pública", advirtió en un comunicado la ONG vinculada a la libertad de expresión.
Además, comparó el caso con el del periodista Juan Pablo Suárez, de Santiago del Estero, encarcelado por filmar el acuartelamiento policial de diciembre pasado y a quien el fiscal propuso aplicarle la ley antiterrorista. "En ambos casos se encontraban involucradas las policías provinciales, y la intervención de la justicia provincial se dirigió a cuestionar a los medios, y a sus periodistas, que brindaron la información", observó.
También hubo críticas políticas. "Es indignante lo que está pasando. Una vez más se confirma lo que venimos denunciando, que esto es una tiranía, porque usan y abusan del poder. El que piensa distinto es detenido y la Justicia mira para otro lado", sostuvo la legisladora provincial Inés Brizuela y Doria.
En La Rioja son muchos los que dudan de la versión oficial, de que no pasó nada más que la pérdida de un animal. Sucede que el Gobierno provincial tardó casi dos días en desmentir la noticia que circulaba en algunos medios y en las redes sociales, y a la "conferencia de prensa" que brindó el ministro de Gobierno, Claudio Saúl, sólo dejaron ingresar a dos periodistas elegidos a dedo. De hecho, dos fuentes consultadas por este medio, una de las cuales conoce a Luciano, aseguraron que el incidente ocurrió.
Hay más. El periodista Ángel Flores, que tiene un programa de radio de amplia audiencia en la provincia, transcribió en su cuenta de Twitter el comentario que recibió de un compañero de la supuesta víctima, el cabo primero Carlos Oyola. "El hecho pasó, no tengan dudas, hay muchos testigos y ahora se viene una ola de ascensos. Pobre chango, lo amenazaron hasta de ir preso, y tiene familia en la fuerza", sentenció.
Pero pidió reservar su identidad. "No me saques al aire, estamos muy presionados por (el secretario de Seguridad, Luis) Angulo, y las cosas no están bien en la fuerza policial. Esto se va saber cuando se vayan del gobierno, ahora no se puede ni hablar del tema o te amenazan. Fijate que se demoraron más de dos días para desmentir todo", agregó.
Así y todo, el gobierno de Beder Herrera pagó el costo de su hermetismo. Ante el hecho y el silencio oficial, los agentes de policía amenazaron con autoacuartelarse. Al incidente se sumó un reclamo viejo: desde mayo les niegan el derecho a debatir sus condiciones de trabajo. Hubo movilizaciones en la capital y el Ejecutivo tuvo que dar marcha atrás y aceptar el diálogo.
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