Abril de 2013. La pelea más esperada. Sergio "Maravilla" Martínez defendía en su país la corona de los medianos que había ganado en 2012 en la recordada madrugada de Las Vegas frente a Julio César Chávez JR. En la otra punta del cuadrilátero estaba el británico Martin Murray, un pugilista que no tenía antecedentes como para complicar la fiesta que se había montado para el argentino.
En lo deportivo las cosas no salieron como se esperaban. El combate -que estuvo en jaque durante toda la tarde por una fuerte tormenta- fue muy pobre y Martínez no brindó el espectáculo que se esperaba. Incluso muchos periodistas especializados en box pusieron en tela de discusión el fallo que le dio la victoria a la Argentina. Esa es la historia conocida.
Pero ahora, a un año y medio de aquella noche de poca gloria para el deporte argentino, trascendió un dato que había pasado desapercibido. En la investigación judicial que realiza la magistrada federal María Romilda Servini de Cubría por los fondos del Fútbol para Todos, figura que el Estado pagó $25 millones para transmitir la velada.
El Fútbol para Todos nació en 2009 cuando el entonces presidente de AFA, Julio Grondona, rompió la relación contractual que existía con una empresa privada que se dedicaba a transmitir los partidos del campeonato argentino. Si bien el proyecto fue lanzado para el fútbol, con el correr de los años el Estado comenzó a sumar al negocio a otras disciplinas, como el boxeo y el automovilismo.
Los contratos y el manejo financiero de la televisación de los espectáculos deportivos despertaron críticas de la oposición y diversas denuncias que transitan los caminos de tribunales. Una de las últimas, presentada por la diputada Graciela Ocaña, despertó el interés de Servini de Cubría, que esta semana ordenó un allanamiento en la sede de la AFA.
La división Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal incautó documentación en donde surge el gasto para la pelea de "Maravilla" y otras contrataciones directas llamativas. Por ejemplo, hay una erogación por más de $6 millones para el programa de la Televisión Pública "Fútbol Permitido". Se trata de una emisión que sale al aire los domingos, una vez terminada la fecha del fútbol argentino, y que es conducida por Alina Moine, la misma periodista que estuvo a cargo de la presentación de la lista de Alejandro Sabella, antes de la Copa del Mundo.
En las planillas que tiene Servini de Cubría también surge que las empresas La Corte, El Farolito Internacional Entertainment y Prensa satelital se llevaron entre 10 y 15 millones en un año. El Farolito fue contratada por Juan Manuel Abal Medina para la contratación de los comentaristas del fútbol. Su director es Andrés Leyes, quien hasta el año pasado tenía un embargo por más de $100 mil.
El único auspiciante privado que tuvo el Gobierno durante estos años es IVECO, que no puso plata para las transmisiones sino que propició un canje por vehículos que quedaron bajo la órbita de la jefatura de Gabinete.
La denunciante Ocaña tiene sospechas sobre el desvío de $600 millones. Dice que no está claro dónde fueron a parar y quiere que se investigue. También hay dudas sobre los fondos que se aportaron para la transmisión del Mundial y del programa "De Zurda", que realizaron Diego Maradona y Víctor Hugo Morales en Telesur, donde la Argentina tiene una parte accionaria.
Ayer, Capitanich se enojó y prometió que demandará a la legisladora porteña. Dijo que se "envenena" a la opinión pública con información falsa. Mientras tanto, millones del presupuesto de todos los argentinos se siguen asignando sin control a empresas que no ingresaron en ninguna licitación y se quedaron con el monopolio de la TV deportiva.