"Lo que la Argentina reafirma es que estamos dispuestos a llegar a soluciones pero no vamos a aceptar extorsiones", declaró el titular del Palacio de Hacienda en el inicio de un encuentro del Consejo Suramericano de Economía y Finanzas de Unasur.
En un extenso discurso, el ministro repasó aspectos técnicos y políticos sobre la controversia que enfrenta a la Argentina con tenedores de bonos que cayeron en default en 2001 y que tienen fallos favorables para cobrar el 100% de la deuda.
Minutos antes de que se inicie otra audiencia de mediación con la intervención del special master nombrado por el juez Thomas Griesa, el funcionario aclaró que la Argentina no va a entrar "en ninguna trampa" para aceptar que está en default el próximo 31 de julio. "El 30 no vamos a tener ningún problema. Estamos abiertos a seguir negociando sin extorsiones, sin violar el derecho internacional ni las leyes locales", enfatizó el funcionario, que estuvo escoltado por el ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman.
De ese modo se refirió al vencimiento que operará el próximo miércoles si la Argentina no acuerda antes con los holdouts. Ése día termina el plazo de gracia que tiene el Estado para pagarles una cuota a los bonistas que entraron en los canjes de 2005 y 2010. El dinero ya fue depositado por el Gobierno, pero la justicia norteamericana congeló las transferencias.
Según entiende Griesa, la cláusula pari passu -igual paso- implica que la Argentina no puede saldar deudas con los tenedores de bonos reestructurados sin cumplir al mismo tiempo con la sentencia que obliga a pagar el 100% de sus títulos a los fondos de inversión que tienen un fallo favorable. La Argentina argumenta que esto es de cumplimiento imposible, porque gatillaría la cláusula RUFO, condición que le impide pagar en mejores condiciones que en el canje. Si hiciera lo contrario, recibiría demandas por miles de millones de dólares.
Kicillof graficó que la Argentina quedó en una situación legal complicada porque rige una prohibición de cobrar a los tenedores de bonos del canje y no hay "remedio" legal para solucionarlo. "Porque si pagamos otra vez por el canal habitual, el pago va a estar sujeto a la prohibición", analizó.
El ministro rechazó las críticas de quienes cuestionan cómo fue realizado el proceso de canje. Dijo que la cláusula RUFO era inevitable para lograr la adhesión del 92,4% de los bonistas que aceptaron quitas importantes en sus acreencias. "No hay reestructuración posible si uno no asegura que no va a ofrecer más a otro; sino todos esperan, esperan y esperan hasta obtener sentencias favorables", sintetizó.
El funcionario calificó la sentencia de Griesa como inédita e incomprensible ya que interpretó la famosa cláusula pari passu con alcances desconocidos hasta hoy. "Es una cláusula estándar de los contratos que ahora quieren usar para tirar abajo toda la reestructuración de deuda de la Argentina", indicó.
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