La Argentina participó el jueves de una nueva audiencia de mediación con el special master designado por el juez Thomas Griesa, Daniel Pollack. El mediador intentó que las partes se sentaran cara a cara para empezar a negociar una salida, pero el Poder Ejecutivo se negó y aclaró que su postura es inflexible.
Los holdouts hablan de un "capricho" de la Argentina, pero en realidad hay razones legales y técnicas que fundamentan su estrategia. Existe una opinión generalizada entre los abogados especialistas en tema de deuda de que si el Estado acepta sentarse a negociar con los acreedores en litigio podría dar argumentos para gatillar la famosa cláusula RUFO (rights upon future offers, por sus siglas en inglés).
Esta condición fue incluida en los contratos de los canjes de deuda de 2005 y 2010 y obliga a la Argentina a igualar cualquier oferta voluntaria superior que se ofrezca a los bonistas que no entraron a los procesos de reestructuración de deuda. Caso contrario, podría quedar envuelta en una avalancha de juicios por más de u$s100 mil millones.
Ayer el italiano Tulio Zembo, representante de bonistas italianos que entraron al canje, dio un indicio que justifica aún más la posición argentina. Adelantó que habrá una discusión técnica para determinar si la Argentina negoció con los inversores en litigio. "Si hubo negociación, eso imprime voluntariedad y entonces nos tendrían que pagar lo mismo que a ellos", alertó.
La Argentina insiste entonces en que los fondos le aseguren algún instrumento jurídico financiero que le brinde seguridad ante los riesgos de la cláusula RUFO. Caso contrario, el famoso stay - medida que suspende la ejecución de la sentencia que obliga a pagarles a los acreedores en litigio- parece ser la mejor opción para enderezar el caso hacia una solución. El juez Griesa por ahora se mostró reticente a este opción, pero nada le impide que cambie de opinión en los 6 días que quedan de negociación. El plazo de gracia para no caer en default vence el 30 de julio.
"Considero que la Argentina está siendo cuidadosa y responsable en el manejo del proceso con los holdouts, dado las limitaciones de la cláusula RUFO y la intención que manifestó el país de no incumplirla", declaró a El Cronista Carlos Albarracín, socio del estudio Milbank, Tweed, Hadley & McCloy, con sede en Nueva York.
Y explicó: "El lenguaje de la cláusula RUFO parece claro en qué actos gatillan los derechos que la cláusula le otorga a los bonistas que aceptaron el canje".
Richard Samp, abogado asesor de la Washington Legal Foundation, aseguró que la clave es el término "voluntario". "Si los pagos efectuados a los holdouts no se hacen voluntariamente, sino con el propósito de cumplir con los mandamientos judiciales del distrito, entonces la cláusula RUFO no se dispararía", explicó.
La aplicación de la RUFO no es automática. Los bonistas del canje deberían interponer demandas judiciales y esperar que un juez falle a su favor. Pero la Argentina aprendió mucho de la experiencia con Griesa y no quiere dejar un margen para interpretaciones jurisprudenciales que pueden ser muy costosas para la economía.
La otra alternativa que tiene la Argentina es buscar el consentimiento de los bonistas del canje para adelantar el vencimiento de la RUFO, pautado para el 31 de diciembre de este año. "Esta acción más concreta que nadie puede objetar si es que se está llevando una negociación", explicó el abogado Eugenio Bruno.
Esta estrategia no es tan fácil. La Argentina necesitaría tiempo para reunir al menos la adhesión del 75% de sus bonistas, cuando faltan apenas 6 días para caer en default.
En el plano interno el Gobierno recibió en las últimas horas el respaldo público de los ex ministros de Economía Roberto Lavagna, Jorge Remes Lenicov y Martín Lousteau. Con reparos y algunas críticas, todos coinciden en que la posición del Gobierno es razonable.
Remes Lenicov aseguró que si el país no paga la próxima semana "no pasa nada". "Puede haber algunas turbulencias, pero las principales tendencias macroeconómicas continuarán como hasta ahora", dijo. Y Lavagna, uno de los mentores del canje, dijo que el Gobierno debe optar por un "tifón" y no por el "tsunami" que significaría pagar la totalidad del juicio y gatillar la cláusula RUFO.
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