La justicia peruana decidió el domingo que el destituido gobernador de Ancash, César Álvarez, deberá someterse a prisión preventiva hasta que finalicen las investigaciones (que pueden llegar a tomar hasta 36 meses) por el asesinato de su principal opositor político Ezequiel Nolasco.
Luego de una sesión de 17 horas, el juez Walter Sánchez anunció esta decisión al concluir que había un gran riesgo de fuga si el gobernador, que fue detenido el 16 de mayo junto con otras 28 personas, era procesado en libertad. También dijo que la organización criminal de Álvarez ordenó el asesinato de José Luis Sánchez Milla, encargado de la presidencia regional de Ancash, y que ejecutó el primer atentado contra Nolasco, en el que murió su yerno.
Álvarez, que gobierna Ancash desde hace cuatro años, se encuentra acusado de asociación ilícita, homicidio y encubrimiento del asesinato en marzo del dirigente sindical y opositor Ezequiel Nolasco. Durante toda la sesión judicial mantuvo su inocencia. "Tengo arraigo en mi tierra. No me escaparía ni sería un prófugo. Soy inocente", afirmó.
Según la fiscalía, Álvarez y los demás detenidos contrataron sicarios para asesinar a quienes denunciaban presuntas irregularidades en su gestión. Entre los detenidos se encuentran el sicario Joel Cruzate, quien según la policía admitió haber sido contratado para asesinar a Nolasco por u$s11 mil. Sin embargo, Álvarez negó esto y aseguró que Cruzate fue torturado para incriminarlo. "Nos hemos enterado de eso recién ahora, a él lo han torturado para que pronuncie mi nombre", dijo.
Nolasco había denunciado que Ancash se encontraba bajo el control de la mafia que usaba dinero de fondos públicos, sobornaba fiscales, mataba a quien no podía controlar, y tenía en su bolsillo a policías y periodistas. También acusó a Álvarez de usar para beneficio propio y de su red de corrupción dinero de los impuestos que dejaron en los últimos años grandes proyectos mineros, que convirtieron a Ancash en uno de los departamentos con más recursos financieros en Perú. A pedido de órganos de control estatal, el Ministerio de Economía congeló las cuentas del gobierno regional de Ancash.
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