En los últimos meses el Gobierno ha sincerado las estadísticas de inflación y devaluado el peso. Y desde febrero intenta negociar su deuda con el Club de París. Esos acreedores ya le habrían hecho saber al ministro de Economía, Axel Kicillof, que si el Gobierno quiere acordar la forma de pago de deberá tener un acuerdo con el FMI.
Un eventual entendimiento implica que las cuentas públicas deberán ser monitoreadas por el FMI. Así lo establece el artículo IV de la constitución del organismo para todos los países miembros, disposición que el gobierno de Néstor Kirchner decidió no autorizar desde septiembre de 2004, lo que lo llevó a levantar sus oficinas de la Argentina.
De la delegación que encabezará Kicillof estará integrada por el secretario de Finanzas, Pablo López; la embajadora Washington, Cecilia Nahon; el director por la Argentina ante el FMI, Sergio Chodos, y el representante en el Banco Mundial Guido Forcieri.
"Será muy difícil que Kicillof cierre un acuerdo con el Club de París si no hay una base de entendimiento con el FMI porque en síntesis ambos son la misma cosa, más allá que uno opere en Washington y otro en París", dijo un integrante de uno de los equipos económicos que pasaron por este.
La misma fuente observó además que, de llegar a un acuerdo, las autoridades de ambas entidades "permitan que la Argentina siga manteniendo el esquema de control cambiario actual". Es que de los 185 países socios del FMI, sólo en Venezuela y en la Argentina implementan esa medida.
Otro factor de dificultad es que de las 19 naciones miembros del Club de París, la Argentina es deudora de 15, principalmente de Alemania y Japón.
Los directores de estos países en el FMI han manifestado en privado que es imperiosa la participación del organismo de crédito multilateral, aunque sea a partir de una revisión realizada por el citado artículo IV de la Carta Orgánica, que implica analizar el estado de las finanzas públicas, las cuentas nacionales y la política monetaria y cambiaria.
En ese camino cobra importancia la reunión del próximo 28 de mayo que se realizará en Paris y donde se prevé fijar el total del monto de la deuda en default, más sus intereses, que de acuerdo a fuentes de Economía se estima en aproximadamente unos 10.000 millones de dólares.
No parece muy razonable entonces que en caso de un hipotético acuerdo el gobierno de Cristina Kirchner pueda mantener el esquema cambiario actual por mucho tiempo.
En ese contexto han comenzado a sonar algunas voces disonantes en el equipo económico liderado por Kicillof y el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, quienes habrían comenzado a estudiar cómo salir del actual esquema cambiario.
uGiro monetario y cambiario/u
Desde la llegada de Juan Carlos Fábrega a la presidencia del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la política cambiaria y monetaria se modificó drásticamente con la devaluación de 25% del peso frente al dólar y la fuerte suba de la tasa de interés (pasó de 17 a 27% anual en pocos días).
Ya hay quienes han hecho saber que como consecuencia del desdoblamiento cambiario no entran dólares al BCRA, y los pocos que llegan se van para pagar las importaciones de combustibles, los servicios de la deuda pública y privada y gastos de turismo de los argentinos en el exterior.
"El problema no son los dólares que se van, sino los que no vienen, por eso fracasaron los intentos de Guillermo Moreno con el Cedin y el Baade para blanquear capitales", expresaron en reuniones con empresarios algunos funcionarios que no están de acuerdo con seguir manteniendo las restricciones.
A ellos se suma la voz de un histórico senador del oficialismo que en reuniones privadas ha
manifestado que el desdoblamiento cambiario está destruyendo a las economías regionales y en particular a la de su provincia.
Ese es el motivo por el cual pese al control a las compras de dólares instrumentados a partir de noviembre del 2011 las reservas internacionales del BCRA cayeron en 24.500 millones. En tanto que la cotización del dólar en ese periodo pasó de 4,40 a 8 pesos en el mercado oficial y a 10,60 en el mercado libre o ilegal.
Lo paradójico del caso es que en el primer trimestre de este año se fueron unos u$s3.600 millones. Esto implica que en sólo un trimestre de este año disminuyó más que en todo 2012, cuando perdió 3.100 millones de dólares.