El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, destituyó de su cargo al comandante de las Fuerzas Militares, general Leonardo Barrero, en medio de un escándalo por casos de ejecuciones extrajudiciales de civile en el que el oficial descalificó que se hicieran investigaciones.
"Advierto que el comandante general de las Fuerzas Militares no sale por ningún hecho de corrupción, sino por unas expresiones irrespetuosas y desobligantes que le restan majestad frente al Poder Judicial y frente al país", declaró el mandatario ante reporteros desde la ciudad de Sincelejo.
Santos anunció que lo que se quiere es cortar de raíz los hechos de corrupción y advirtió que habrá más cambios en la cúpula, que serán anunciados este martes por el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón.
Según el diario El Tiempo, Barrero tuvo un papel clave en grandes golpes contra las FARC, la muerte de "Alfonso Cano" incluida. Su llegada al Comando General había logrado apaciguar los ruidos de descontento en los cuarteles frente a las negociaciones de paz en La Habana.
El presidente Santos anticipó que relevará a Barrero y otros "altos oficiales" que aparecen implicados en las grabaciones de llamadas telefónicas divulgadas por la revista iSemana/i sobre distintas irregularidades en el Ejército.
La conversación del comandante Barreo con el coronel Róbinson González del Río, preso por un caso de derechos humanos y eje de una supuesta red de corrupción en el Ejército, terminó convirtiéndolo en una ficha insostenible para un gobierno que plantea "tolerancia cero" frente a las violaciones de DDHH.
"Hagan una mafia para denunciar fiscales y toda esa huevonada", le dijo Barrero a González, al referirse al proceso de "falsos positivos" que lo tiene preso hace dos años. Aunque el general salió a disculparse públicamente con la Fiscalía, sus palabras muestran hasta dónde, en la alta cúpula militar, el tema de las ejecuciones extrajudiciales sigue mirándose como una campaña de persecución contra las Fuerzas Armadas.
Santos no iba a permitir que el militar de más alto rango en Colombia sugieriera una estrategia para cuestionar la labor de la Fiscalía, que investiga más de 2 mil casos de posibles ejecuciones extrajudiciales.