El jueves 6 de diciembre de 2012 una nube de humo que tuvo su origen en la zona del Bajo de la Ciudad de Buenos Aires invadió las calles del microcentro. Se veía a gente con pañuelos tapándose los ojos y la nariz, y se ensayó todo tipo de teorías en las primeras horas: que era un derrame de cianuro, de arsénico, que hubo radioactividad o bien un incendio de hidrocarburos de magnitudes.
Si bien la nube tóxica no provocó muertos ni tampoco heridos de consideración, sí generó miedo y obligó a evacuar edificios, muchos de ellos oficiales. También hubo corte de calles, problemas en el servicio de subte, trenes y hasta demoras en algunos vuelos del aeroparque Jorge Newbery.
A más de un año de la investigación iniciada apenas minutos del hecho, la causa judicial que conduce a que se trató de un accidente aún sigue en trámite, y a la espera de una pericia cuyo resultado podría acarrear consecuencias penales sobre él o los responsables, ya sea por el descuido en la forma que estaba almacenado el material o bien por el operativo de seguridad que se llevó a cabo si es que se detectan fallas.
El juez federal Rodolfo Canicoba Corral estaba de turno ese día y en su juzgado está el expediente. La nube tóxica se generó por una reacción de uno de los ocho container provenientes desde China y que estaba en la terminal 4 del puerto de paso, con rumbo a Paraguay, y que contenía el plaguicida denominado comercialmente como Thiodicarb.
El container que reaccionó era uno de los que comercializó la firma E-TONG CHEMICAL CO. LTD, con sede en Shangai, y en nuestro país intervino la firma Hamburg Sud. El que tuvo el incidente fue el único de los ocho en el cual la sustancia se encontraba en forma granulada en tambores, en tanto que el resto tenía el mismo producto pero en polvo.
En la causa hay presentados particulares que hicieron la denuncia por ser afectados por la sustancia. La mayoría, tal cual consta de los informes hospitalarios aportados en el expediente y a los que accedió Infobae, sufrió de irritación ocular, picazón de garganta y problemas respiratorios.
El único peritaje encomendado por el juez que consta en la causa es el que hizo la Prefectura Naval el 21 de diciembre de ese año. Pero no supieron decir cómo se originó el incidente, sobre si fue un accidente o bien algo provocado.
Por ello es que el juzgado pidió hace varias semanas un nuevo peritaje para intentar saber qué paso, más allá de que todo apunta a que fue producto de un accidente. En ese sentido, en las imágenes de las cámaras de seguridad apostadas en la zona se ve cuando del container emana la sustancia sin que haya ningún hecho previo que sugiera un atentado o algo parecido.
La pericia ahora está a cargo de Gendarmería Nacional y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). De ella podrían surgir elementos para que el juez determine responsabilidades, ya sea por la falta de cuidado del material almacenado -esto es por cómo estaba o el lugar asignado que tenía- o bien hasta por cómo fue el operativo de seguridad que se montó instantes después del incidente, de encontrarse fallas.
De las inspecciones hechas meses previos al incidente por la administración general de puertos, una suerte de organismo a cargo del control, surge que en marzo y mayo de 2012 se detectó en el dique 4 una falta de matafuegos en algunos lugares específicos, así como derrames, falta de señalización así como de limpieza general.