La legisladora porteña de Nuevo Encuentro, Gabriela Cerruti, dialogó con Infobae sobre la polémica generada tras los asados que se llevaron a cabo en el predio de la ex ESMA.
"Mi punto de vista es que debería haber una política de Estado. Una política pública donde se tomara una única decisión con respecto a lo que sucede en ese predio y no que cada organismo decidiera qué es lo que se hace en algún lugar del predio, porque en realidad es un lugar que todo en su conjunto es un sitial de memoria", manifestó.
Dijo que al permitirles a los diferentes organismos que decidan sobre qué actividades se hacen, ocasiona conflictos. "Esta idea de que pueden funcionar diferentes cosas es lo que hace que sucedan este tipo de contradicciones sobre las que tenemos diferentes puntos de vista", añadió Cerruti.
"Me parece bien que se recupere para la vida, con lugares donde haya actividades de educación, de transmisión de pasado y de transmisión de la memoria", sostuvo la legisladora, quien añadió que no le parece bien "que funcionen oficinas públicas y que se utilicen para diferentes eventos".
De igual forma, aclaró: "Sí me parece que pueden convivir sitiales de memoria con lugares de recuperación del pasado hacia el futuro. No estoy de acuerdo con que funcionen oficinas públicas tal como sucede, donde funcionan productoras de televisión, por ejemplo, que generen actividades como asados, lo que ocasiona, a su vez, este tipo de disturbios". Son lugares que en su conjunto tienen que servir como sitial de memoria".
Sobre las diferentes opiniones a favor y en contra, dijo: "Es un tema muy complejo. Todos los organismos de DDHH tienen posturas muy distintas. Todas las partes son entendibles. Por eso es el Estado el que tiene que tomar la decisión de lo que se hace en ese lugar, porque en definitiva es el que transmite la memoria histórica de generación en generación a través de políticas públicas. Cada uno tiene su opinión y todas son respetables".
Aclaró, asimismo, que creía que hay una decisión de que sean los propios organismos los que decidan lo que se hace con ese lugar, cuando en realidad las políticas de memoria deben ser políticas públicas que duren de generación en generación y el único que tiene continuidad en la historia es el Estado.
"Las víctimas y los sobrevivientes son la base y quienes han llevado la lucha por la recuperación de ese lugar, pero aquí como en todos los lugares del mundo, tienen que estar, opinar y acompañar, pero la decisión la tiene que tomar el Estado", agregó.