El vicepresidente Amado Boudou tiene inconvenientes para explicar cómo fue su crecimiento patrimonial desde que se vio tocado por la varita mágica del kirchnerismo que lo transformó en el primero en la sucesión presidencial. Por lo menos eso fue lo que denunciaron el viernes pasado los diputados Graciela Ocaña y Manuel Garrido quienes se han especializado en destapar casos de corrupción de los últimos tiempos. El viernes por la mañana Garrido y Ocaña presentaron una denuncia ante el juez Ariel Lijo, quien tiene a su cargo la investigación por enriquecimiento ilícito de Boudou y de sus testaferros.
En la denuncia, a la que accedió Infobae, se explica que estudiaron las declaraciones juradas de Boudou ante la Oficina Anticorrupción (OA) presentadas entre 2007 y 2011. Y luego hicieron un trabajo simple y al mismo tiempo minucioso. Los diputados dicen en la denuncia que les llegó a varios legisladores una copia del escrito mediante el que Boudou intentó, en noviembre pasado, explicarle a Lijo cómo había sido su evolución patrimonial. La cosa suena lineal: las declaraciones y el escrito judicial debían coincidir. Pero, según el análisis de los diputados, no fue así.
Ocaña y Garrido hallaron catorce diferencias entre las declaraciones de 2007 a 2011 y el escrito judicial para ese mismo período. Las incongruencias son en las cifras del patrimonio, sus activos y sus pasivos. La conclusión plasmada en la denuncia señala que "globalmente, entre los años 2007 y 2011 (ambos inclusive) las diferencias entre los activos declarados en ambas presentaciones ascienden a la suma de $ 2.071.773,08. Globalmente, entre los años 2007 y 2011 (ambos inclusive) las diferencias entre los pasivos declarados en ambas presentaciones ascienden a la suma de $ 755.741,83. Globalmente, entre los años 2007 y 2011 (ambos inclusive) las diferencias entre los patrimonios declarados en ambas presentaciones ascienden a un total de $ 1.316.031,25".
Otra de las conclusiones del estudio de los diputados marca que "de acuerdo a la presentación realizada ante el juzgado, entre el 01/01/2006 y el 31/12/2011, los activos (bienes declarados) del investigado sufrieron un aumento del 714,93%, pasando de escasos 236 mil pesos a más de 1 millón seiscientos ochenta mil. Por efecto de las deudas declaradas, que financiaron en parte (junto con los ingresos exteriorizados) semejante incremento del Activo, su patrimonio –en el mismo período- creció un 446,45%".
Los diputados encontraron diferencias de valores entre lo declarado por Boudou en la OA y en Tribunales respecto de un departamento en la avenida del Libertador en La Lucila, de varios autos, de algunas embarcaciones. También hay discrepancias entre la participación declarada por Boudou en las dos sociedades que reconoce como propias: Aspen Inversiones Inmobiliarias y Hábitat Natural. Garrido y Ocaña detectaron además falencias en las declaraciones de ingresos y fuentes de financiamiento reveladas por Boudou.
Sumaron en el análisis las declaraciones juradas de Boudou en las que incluyó a su pareja, la entrepreneur Agustina Kampfer, quien fue agregada por el vice en su presentación judicial. Y también hallaron inconsistencias en los bienes de Kampfer. La novia del vice está investigada como testaferro junto a otros familiares y otros socios y amigos de Boudou.
Detectaron que para "justificar el incremento de su patrimonio", Boudou sumó a sus ingresos lo cobrado por viáticos. En su presentación admitió que sumó a su patrimonio 180.900 pesos que, según los diputados, debió haber devuelto como manda la normativa para los funcionarios públicos. Por esta situación Boudou ya tiene otra denuncia en la justicia federal.
El trabajo de los diputados no deja detalle sin analizar. Desde los sueldos percibidos por Boudou en ANSES, el ministerio de Economía y la vicepresidencia, pasando por los cobros de alquileres declarados, los préstamos bancarios recibidos, las motos, los autos y el modo en que incrementó sus consumos año a año.
Ocaña y Garrido concluyeron que el vicepresidente de la Nación puede ser acusado de "omisión maliciosa" de los datos de sus declaraciones juradas. Y por ese delito lo denunciaron ante Lijo quien ya tiene encaminada la realización de un peritaje contable para que los expertos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinen cómo fue la evolución del patrimonio del vicepresidente. La denuncia de los diputados es un indicio que marca que los números a Boudou no le cierran. Mientras la investigación por enriquecimiento ilícito esté abierta y hasta la sentencia en contrario de un Tribunal, a Boudou -como a todos los ciudadanos- se lo presume inocente.
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