El Tribunal confirmó el procesamiento de Carlos Blaquier y de Alberto Enrique Lemos, gerente administrativo del Ledesma, por el delito de privación ilegitima de la libertad en calidad de cómplices.
El fallo puntualizó que una de las víctimas fue Luis Ramón Aredez, luego detenido-desaparecido ex intendente de Libertador General San Martín, localidad donde se halla el ingenio Ledesma. Las otras dos víctimas consideradas en el fallo son Omar Claudio Gainza y Carlos Alberto Melián.
Los camaristas Jorge Luis Villada, Roberto Gerardo Loutayf Ranea y Federico Santiago Díaz conformaron además la resolución del juez instructor Fernando Poviña que fijó embargos por un millón de pesos a Blaquier y por 500 mil pesos a Lemos.
El fallo reconoció la colaboración de los imputados para llevar adelante las detenciones, al señalar que las fuerzas de represión que "operaron aquella madrugada (del 24 de marzo de 1976) y días posteriores, contaron con la autorización dada para el uso de vehículos de la empresa".
En el mismo sentido, estableció que "tal asentimiento fue prestado por el Presidente del Directorio (Blaquier) y ejecutada por su Administrador General (Lemos), ya que tratándose de una empresa de la envergadura y grado de organización que poseía Ledesma, era imposible disponer de sus vehículos y apoyo logístico, sin instrucciones o aquiescencia del Presidente del Directorio".
"Los vehículos fueron entregados voluntariamente y al no existir registros de dicha circunstancia y al haberse efectuado los operativos en horas de la madrugada del día en que se produjo el golpe de Estado, cabe deducir que había conocimiento de la ilegalidad del operativo", añadió la Cámara.
El fallo confirmó además el aporte de la Empresa Ledesma a la represión dictatorial y las privaciones de la libertad en días subsiguientes, e indicó que tal colaboración se prestaba desde la creación de la unidad de Gendarmería con asiento en Ledesma.
La resolución rechazó recursos de apelación interpuestos tanto por la defensa de los acusados como por la fiscalía y los querellantes particulares.
En noviembre de 2012, el juez Poviña procesó a Blaquier y a Lemos como cómplices de la privación ilegal de la libertad agravada de 29 personas durante la última dictadura, en la llamada "Noche del Apagón" y otros operativos.
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