La investigación que adelantó ayer Infobae desnuda el recorrido de 50 millones de euros en negro que el empresario kirchnerista Lázaro Báez presuntamente sacó del país y reingresó blanqueados mediante la compra de bonos soberanos argentinos entre el 14 de diciembre de 2012 y el 8 de abril de 2013.
El fiscal
emitió el dictamen en la causa que investiga la supuesta
, quien denunció en el programa que conduce el periodista
que fue despojado de sus acciones en
la empresa. El escrito, al que tuvo acceso este medio
.
El dictamen complica a varios de los acusados: Jorge Chueco quien ocupó el lugar de Elaskar en SGI; el abogado y contador de Lázaro Báez, Daniel Pérez Gadín; el presidente de Austral Construcciones, Julio Enrique Mendoza; el titular de Helvetic Services Grupo (presunta compradora de la financiera), Néstor Marcelo Ramos; Fabián Rossi y Martín Báez, entre otros.
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La investigación se basa, por un lado, en el recorrido del dinero, y por otro, en los recurrentes viajes al exterior de los involucrados. El fiscal subraya, en varios pasajes, las sugerentes coincidencias cuantitativas y temporales entre ambos puntos.
En este sentido, las operaciones con bonos coinciden con el monto de dinero presuntamente lavado y a su vez, las fechas son las mismas en las que los acusados viajaron a los países en las que están constituidas las sociedades analizadas. Como corolario, hay una concomitancia de tiempo con la primera emisión de Periodismo Para Todos, el 14 de abril: de acuerdo al fiscal, las maniobras se aceleran cuando Elaskar toma contacto con la prensa y terminan una semana antes, el 8 de abril.
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"La negociación de bonos no tuvo otra razón de ser que borrar los rastros de las operaciones realizadas con intervención de Federico Elaskar (el lavado)-, asegurar el dinero y ocultar la responsabilidad de Lázaro Báez y sus cómplices en la extorsión y el manejo ilegal de activos", concluye el fiscal. "Perseguían su impunidad y el entorpecimiento de las investigaciones judiciales", insiste.
Para ello, Martín Báez, Pérez Gadín y el resto volaron 320 veces a distintos países europeos (con Suiza como destino final), los Estados Unidos, Panamá y Uruguay, entre otros, entre 2011 y 2012, lo que el fiscal logró reconstruir a partir de los datos aportados por distintas aerolíneas, registros migratorios y resúmenes de gastos de tarjetas de crédito. Son todos países clave en la red de lavado de dinero denunciada por Elaskar, ya que ahí se asentaron las sociedades involucradas.
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La maniobra descripta por Campagnoli es la siguiente: el dinero empieza a circular en el banco J Safra de Suiza. Desde ahí salen títulos que se transfieren a la cuenta de Helvetic Services Group, la empresa que habría adquirido SGI. Cuando llegan al país, los bonos son vendidos y el dinero, blanqueado.
En la mira también quedaron nueve cheques por un total de 208.840.276,65 pesos depositados por Austral Construcciones, cuyo propietario es Lázaro Báez. El fiscal sospecha que detrás de ellos hubo una "simulación que subyace a las operaciones de compra de títulos".
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Asimismo, Campagnoli subrayó las dificultades que afrontó de distintos organismos públicos para avanzar en su pesquisa. Ni Aerolíneas Argentinas, ni el Banco Nación, donde están depositados los fondos, aportaron la información requerida. En tanto que la unidad antilavado y las entidades obligadas a reportar operaciones sospechosas de lavado, tanto en los bancos como las sociedades bursátiles, entre otros, "cuya intervención en este asunto brillan por su ausencia".
Entre sus petitorios, el fiscal pide que "se ordene la declaración indagatoria de Verena Úrsula Fontana y Claudio Giovanni Fontana", dos accionistas de Helvetic. E incluye en su pedido a "Martín Antonio Báez", hijo de Lázaro. Los acusa, al igual que los otros imputados, de ser "partícipes en la extorsión investigada".
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