El Grupo de Acción Política por la Unidad (GAPU), representado por los diputados nacionales Patricia Bullrich y Eduardo Amadeo, recordó que "la justicia argentina ya llegó a la verdad a través de una investigación exhaustiva y difícil que llevó a condenar a altos funcionarios de la República Iraní".
En esa causa, destacaron ambos legisladores, "se determinó el carácter terrorista del Estado islamista de Irán en relación al atentado a la sede de la AMIA", motivo por el cual, interpretaron, compartir la investigación con ese país implicará "colocar al victimario en el rol de investigador de su propio delito".
Los legisladores opositores agregaron que acompañar a "estados terroristas y genocidas" significa que el país "abandona su tradición de defensa de los derechos humanos, comenzada en 1983", tras la restauración de la democracia.
El GAPU dijo que así, "una vez más, el gobierno argentino niega, desconoce y subestima a la justicia".
Por su parte, el presidente de bloque de diputados de la UCR Ricardo Gil Lavedra afirmó que el "acuerdo con Irán es una vergüenza".
"Una comisión internacional para que diga si la justicia
argentina actuó bien. ¿Cómo sigue después?", se preguntó el legislador.
"Ni la Presidenta ni el Congreso pueden comprometer lo que
nuestra Justicia tendrá en cuenta para resolver, porque la Justicia es independiente. El acuerdo con Irán reconoce jurisdicción al poder judicial iraní sobre el atentado a la AMIA, lo que creo inaceptable", opinó el diputado nacional de PRO, Federico Pinedo.
Por su parte, el diputado nacional del bloque Frente Peronista Gustavo Ferrari consideró "una vergonzosa claudicación de la soberanía nacional" el acuerdo entre Argentina e Irán.
"La Presidente tiene una confusión brutal sobre la soberanía y la independencia judicial, dado que festeja por Twitter que los jueces no serán argentinos y privilegia el diálogo para la resolución del conflicto, cuando éste no es un tema diplomático ni legislativo que se resuelva con acuerdos", sino que "se trata de la investigación de un delito que deben resolver jueces -por supuesto que independientes-, pero argentinos", sostuvo.
En un comunicado, Ferrari aseveró que la jefa de Estado "se equivoca de socios y de estrategia, y da un mensaje contradictorio y peligroso al mundo que augura un mayor aislamiento cuando decide acordar con un país que niega el holocausto, que pugna por la desaparición del Estado Israelí y que se encuentra acusado de violar los derechos humanos y de desarrollar armas de destrucción masiva".
En tanto, el diputado nacional Carlos Comi, de la Coalición Cívica-ARI, también repudió el acuerdo por considerarlo "una afrenta a la memoria de las víctimas y sus familiares", además de "desconocer lo resuelto por la justicia argentina y violentar la autonomía del Poder Judicial".
Comi recordó que la Argentina "sufrió dos terribles atentados antisemitas" y ahora está negociando "en forma directa con un país cuyo presidente, Mahmud Ahmadineyad, niega la existencia del holocausto avergonzando con eso a la comunidad internacional y violentando a la condición humana".
El gobierno argentino, a través del canciller Héctor Timerman, firmó en Etiopía un acuerdo para la conformación de una comisión de la verdad integrada por juristas de otros países a fin de avanzar en la resolución de "temas vinculados al ataque terrorista".
En tanto, Gerardo Milman, diputado del GEN-FAP, dijo que "el acuerdo muestra al Gobierno argentino cediendo soberanía, lo muestra confiando en la Justicia Iraní que es como creer en que el zorro cuide el gallinero".
Y agregó:"El atentado a la AMIA ha sido el más grave desde la recuperación democrática en nuestro país. La solución que encuentra Cristina Kirchner es dejar que Irán juzgue en su territorio a funcionarios del propio gobierno, a los cuales ha protegido por años desoyendo las ordenes de captura internacional y la voz de la Ley Argentina".