Ya no parece haber vuelta atrás. La relación entre la presidente Cristina Fernández de Kirchner y el principal líder sindical argentino, Hugo Moyano, es insostenible. Otrora aliados incondicionales, esta dupla dejó de tener diálogo hace varios meses, cuando la mandataria excluyó a los hombres de Moyano fuera de las listas legislativas que compitieron en las últimas elecciones.
La vanguardia de las huelgas es el gremio de Camioneros, de donde proviene Moyano. Son justamente ellos los que reclaman un aumento salarial del 30%, la actualización al mínimo no imponible para el impuesto a la Ganancias y la desaparición del tope para las asignaciones familiares. Además, reclaman un bono especial para compensar lo que aseguran es un "desfasaje" en el impuesto.
"Vamos a convocar el jueves 21 de junio al consejo directivo que decidirá cuándo se realiza una huelga nacional, de camioneros y otras actividades, con movilización a la Plaza de Mayo (frente a la sede gubernamental)", dijo Moyano en una entrevista con el canal TN de televisión.
El Sindicato de Camioneros, controlado por Moyano, cumplirá hasta el viernes 22 una huelga en demanda de aumentos salariales que afecta al abastecimiento de combustibles, aunque el objetivo es una medida de fuerza de mayor alcance.
La Federación de Entidades de Combustibles de Buenos Aires (Fecoba) advirtió que podría agotarse el stock de gasolinas.
Al agravarse el enfrentamiento político y gremial, Cristina Kirchner tuvo que anticipar su regreso desde Río de Janeiro donde participaba de la cumbre de la ONU sobre desarrollo sustentable Río+20. "La presidente ha adelantado la vuelta por esta actitud de paro salvaje que demuestra desprecio por millones de argentinos", dijo el ministro del Interior, Florencio Randazzo.
Cerca de la medianoche de este miércoles 20, efectivos de la Gendarmería (policía militarizada) hicieron un cerco en torno a destilerías para garantizar la distribución de combustibles y mantuvieron forcejeos con decenas de activistas camioneros."Vamos a iniciar acciones penales".
Es que el ministerio de Trabajo de Argentina dictó la conciliación obligatoria en el gremio de Camioneros y, además, la paritaria (negociación entre empelado y empleadores con emdiación gubernamental) anterior aún está vigente hasta el 1º de julio. El Gobierno, entonces, sostiene la ilegalidad de la medida. No es concebible estar en paritarias (con las patronales) en plena negociación por salarios y hacer huelgas sorpresivas", anticipó Randazzo.
En la Central General de Trabajadores, la más importante del país con 8 millones de afiliados, habrá elecciones en julio, y la mandataria cuenta con desplazar a Moyano. De hecho, ya se habla de una fractura de la CGT.