Perú homenajeó a los militares que liberaron la embajada de Japón en 1997

Perú recordó a los militares que liberaron a 71 rehenes en una acción que acabó con uno de los secuestros masivos más largos de América Latina pero que proyectó sombras por el presunto asesinato de rebeldes rendidos.

El rescate, que se produjo la tarde del 22 de abril de 1997 y que culminó con 126 días de cautiverio para 72 rehenes, dejó 17 muertos, entre ellos, un rehén, dos militares y los 14 guerrilleros del guevarista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

La ceremonia, en la que el gobierno de Ollanta Humala estuvo representado por el ministro de Defensa, Alberto Otárola, y el presidente del Congreso, Daniel Abugattás, se realizó en la base militar de Chorrillos, al este de la capital peruana. Allí se halla la réplica de tamaño natural de la residencia nipona que sirvió para preparar la operación "Chavín de Huántar", nombre con el cual el entonces mandatario Alberto Fujimori (1990-2000) bautizó la acción militar.

El edificio original, donde ocurrió el secuestro entre el 17 de diciembre de 1996 y el 22 de abril de 1997, fue demolido por las autoridades japonesas. En ese lugar, familiares de los rehenes organizaron una vigilia para este domingo.

En los últimos quince años, todas las administraciones coincidieron en calificar al operativo de exitoso. Sin embargo, el diplomático japonés Hidetaka Omura -uno de los rehenes- asegura que hubo una ejecución extrajudicial de tres rebeldes.

La breve ceremonia, durante la cual se entonaron cánticos militares, fue transmitida por el canal de televisión del Estado. Como ocurre todos los años, una brigada de las fuerzas especiales realizó una representación de la operación, que incluyó detonaciones para darle mayor realismo.

Un soldado dio emotividad al acto con un toque de diana para recordar con un minuto de silencio a los dos militares y al rehén caídos bajo el fuego del MRTA.

El secuestro se inició con más de 700 rehenes que asistían a una recepción por el aniversario del natalicio del emperador japonés. La mayoría de ellos fueron liberados tras una mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja, pero quedaron 72 plagiados.

Desde entonces, las autoridades peruanas destacan mediáticamente el rescate para recordar el peligro latente de las guerrillas -como Sendero Luminoso- y defender la limpieza de la acción, en respuesta a acusaciones de ejecuciones extrajudiciales durante el operativo.

Familiares de los guerrilleros denunciaron en 2002 el fusilamiento pero la Justicia peruana desestimó la demanda dos años después. El caso llegó entonces a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), que lo derivó a la Corte Interamericana (Corte IDH).

La CIDH, en un comunicado del 30 de diciembre del 2011, calificó de "grupo insurgente" al MRTA, lo que generó una protesta por parte del gobierno de Humala.

El organismo también pidió a Lima que investigue el caso y se abra proceso contra los que resulten responsables, lo cual provocó el rechazo y el cierre de filas entre las Fuerzas Armadas y las autoridades.