Crece la polémica por la instalación de cámaras de seguridad en las aulas

La jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario Elena Liberatori prohibió la instalación de cámaras de vigilancia en algunos colegios porteños, al considerar que se viola el derecho a intimidad de los niños. Las cámaras iban a ser instaladas en algunas escuelas que fueron "tomadas".

Se trata de una medida cautelar dictada por la jueza y que alcanza a establecimientos donde concurren los hijos de los padres que iniciaron un amparo, en donde solicitan que se impida el registro fílmico por videocámaras en dichas instituciones educativas.

La jueza sostuvo que se desconoce el criterio utilizado para establecer los objetivos de vigilancia, ya que no se encuentran todos, pero sí se encuentran los que fueron "tomados".

Según el fallo al que tuvo acceso Infobae.com, para la magistrada la pugna es entre el derecho del Estado a proteger bienes públicos, en el caso colegios, y el derecho a intimidad de los niños y adolescentes que concurren a los mismos.

En ese sentido, una madre de la escuela Rufino Sánchez, señaló por Radio 10: "Con el amparo, fuerza el derecho a la intimidad de mis hijas. Yo mando a una escuela donde quiero que mis hijas puedan educarse libremente. Esas imágenes irían a un centro de seguridad de una empresa privada en San Telmo. Yo no sé a dónde van las imágenes".

Para dictar la medida, la jueza tuvo en cuenta que no está claro en el "Protocolo del servicio de vigilancia y seguridad electrónica en establecimientos educativos", dónde irían ubicadas las cámaras de vigilancia, ya que por un lado dice en la periferia de los establecimientos y luego infiere que se ubicarán en el interior del mismo.

Tampoco está claro en ese protocolo de funcionamiento de dichas cámaras, los horarios en que funcionarán y si es o no en horario escolar.

"El marco normativo que rige actualmente el servicio en cuestión permite la filmación en todo momento y en todo lugar dentro de los establecimientos educativos", "el medio elegido aparece prima facie como desproporcionado respecto de la finalidad perseguida", sostuvo la jueza.

Para la jueza no se estableció "límite alguno para el funcionamiento de los dispositivos de filmación" y se "genera una afectación irrazonable del derecho a la intimidad". Explicó que a ello hay que añadir que el sistema de seguridad no sólo incluye las cámaras de seguridad, sino otras alternativas como alarmas y hasta vigilancia física.

Se iban a instalar cámaras en varios colegios de los barrios de Lugano, y Soldati. Y al respecto, la jueza añadió que la elección es "sugestiva" y "cuando no refleja una visión criminalizante de los habitantes de estos barrios, hecho no menor en tanto proviene del propio Estado en Democracia".

"Se viola la intimidad"
El secretario general de UTE Ctera, Eduardo López, avaló la decisión judicial y argumentó que la instalación de cámaras que plantea la Ciudad viola la intimidad de los chicos en el colegio.

"Estamos en contra de las cámaras internas porque el artículo 15 de la ley 112 plantea el derecho a la intimidad de los menores. Es el mismo tema que se plantea en las revistas, cuando se pixela la cara de los menores. Es para defender el derecho a la intimidad", explicó el sindicalista en Radio 10. 

López recordó que, además de ser docente y secretario general de UTE, es padre y no le gustaría que una empresa privada esté vigilando qué dice o qué hace su hija de 12 años en un aula.

La medida del gobierno de la Ciudad prevé la instalación de cámaras en jardines de infantes, colegios primarios y secundarios.

"Entiendo que puede haber problemas de seguridad, pero no quiero que graben a los alumnos hablando en las aulas, en los recreos.. A mi hijo. Al ministro (Guillermo) Montenegro no creo que le guste que graben lo que está hablando cuando va a un restaurante", ejemplificó.

La Ciudad prepara la apelación
El ministro de Educación, Esteban Bullrich, adelantó que apelará la decisión y acusó al gremio docente de mezclar la ideología con la educación y de "estigmatizar" medidas de seguridad.