La Unión Argentina de Videoeditores –organización que nuclea a los miembros de la industria de las películas en DVD– denunció en una carta dirigida a la presidente Cristina Kirchner la existencia de "desidia y desapego a las normas" para luchar contra la piratería.
Además, la entidad, que preside Daniel Parise, exigió mediante la carta –que fue enviada también a la ministra Nilda Garré y las autoridades policiales de todas las comisarías de Capital Federal– el cumplimiento de la ley 11.723 destinada a la prohibición de la venta ilegal de películas, una práctica que según ellos "se da cada vez con más frecuencia en el país".
La misma establece, en su artículo 72 que "se consideran casos especiales de defraudación y será reprimido con la pena establecida por el artículo 172 del Código Penal, quienes además del secuestro de la edición ilícita (...) edite, venda o reproduzca por cualquier medio o instrumento, una obra inédita o publicada sin autorización de su autor o derechohabientes (...) y quienes falsifiquen obras intelectuales, entendiéndose como tal la edición de una obra ya editada, ostentando falsamente el nombre del editor autorizado al efecto" (sic).
Además, la mencionada ley aclara que "será reprimido con prisión de un mes a seis años (...) el que almacene o exhiba copias ilícitas y no pueda acreditar su origen mediante la factura que lo vincule comercialmente con un productor legítimo".
Los voceros de la UAV pueden profundizar en el caso de "organizaciones mafiosas que operan detrás de los puesteros", para financiar por medio de la piratería, "delitos mucho más importantes, como el narcotráfico y la trata de blancas".
Asimismo, afirman que el nivel actual depiratería en la Argentina pone en riesgo inmediato el mantenimiento de 25.000 puestos de trabajo directos.
Por otro lado, un relevamiento de 2010 indica que, mientras que el negocio pirata se duplicó de 500 a 1.000 millones de pesos, el negocio legal decreció de cerca de 400 a 240 millones de pesos.
La misiva indica que "la desidia y el desapego a las normas, y la falta de un monitoreo sistemático de parte de quienes deben hacer cumplir la ley, alimentan esta verdadera industria ilegal que atenta contra nuestra fuente de trabajo establecida y legalmente constituida".
En ella, la organización declara que "lamentablemente, el uso corriente del término 'piratería' se ha familiarizado y pasado por el tamiz de lo amigable, relegando el verdadero adjetivo calificativo: 'delincuentes'".
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