Juan José Mendoza, diputado del PSUV, anticipó que la "comercialización de las armas por parte particulares" será prohibida en Venezuela y el Estado se hará del control absoluto de la venta a civiles.
"El Estado, de una manera abierta, incorporará a las armerías a un sistema de economía productiva que no sea el comercio de armas", comunicó el legislador. El proyecto de Ley de Desarme que impulsa el gobierno de Hugo Chávez también fija una restricción a la importación de armamento para los ciudadanos.
Los alarmantes índices de violencia y criminalidad obligaron a la gestión bolivariana a dar el debate por la inseguridad en el Parlamento. Presionado por la oposición, el gobierno buscará aprobar el próximo jueves la Ley Penal para el Desarme y control de Municiones y luego realizar un censo nacional de armas.
Aunque la conducción del PSUV impulsa el proyecto sólo unos días antes de las elecciones legislativas que se celebrarán el 26 de septiembre, el director nacional de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Justicia, Edwin Rojas, pidió "no politizar" la cuestión ni utilizarla con fines electorales.
Por su parte, la presidenta de la Asamblea Nacional se mostró irritada porque la oposición hizo propio el reclamo y también incluyó en su oferta electoral la aprobación de una ley de desarme civil. Acusó a sus adversarios de "manipular" a la sociedad y dijo que "creen que el pueblo es ignorante".
Según dijo Rojas, lo que se pretende con el proyecto de ley es demostrar que "no hay que armarse para estar seguros". La norma establece, entre otras cosas, penas de prisión de hasta 16 años para quienes fabriquen y vendan armas de fuego ilícitas.
Sólo los mayores de 25 años podrán portar pistolas, y se sancionará a aquellos que las exhiban en lugares públicos como cines, parques o juegos de béisbol. Ese apartado está dirigido a "aquellas personas que cuando cumplen años sacan las pistolas y echan tiros al aire, o a los que andan por allí mostrando el arma".
Una vez aprobada la Ley de Desarme, se llevará a cabo un censo nacional de armas. Los portadores de armas ilícitas tendrán que entregarlas al Estado, mientras que los poseedores de armamento legal tendrán que actualizar su registro.
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