El equipo argentino está compuesto por la embajadora Susana Ruiz Cerutti, Consejera legal de la Cancillería argentina; Homero Bibiloni, el Secretario de Ambiente de la Nación; Horacio Basabe, quien además es director del Instituto de Servicio Exterior de la Nación; y el embajador argentino en Países Bajos -con sede en su capital, La Haya-, Santos Goñi Marenco.
Durante la exposición, la delegación amplió y ratificó ante la Corte -esta vez en forma oral-, toda la documentación que Argentina presentó desde el inicio de la controversia y que demostraría que Uruguay incumplió el Estatuto del Río, de 1975, al autorizar de forma unilateral el emplazamiento de la planta de Botnia.
De igual forma, la delegación aseguró hoy ante el Tribunal que Botnia causará un daño irreparable al ecosistema del Río Uruguay, y que así lo demuestran los informes científicos y los numerosos y recurrentes episodios e incidentes de contaminación que se manifestaron. En particular, desde el último verano se han producido episodios de esa naturaleza con mayor frecuencia, el último de los cuales ocurrió hace pocas semanas, el 11 de julio.
Al término de la audiencia, la embajadora Ruiz Cerutti aseguró ante los medios que "nosotros sabemos que la planta Botnia contamina, que no cuenta con la mejor tecnología y que hubiese sido prohibida en Europa".
"Estamos preocupados por la salud de los habitantes ribereños, quienes se han manifestado contra la planta ante los olores nauseabundos. Cada día, la fábrica desprende una enorme cantidad de contaminantes en el agua y en el aire", añadió.
Durante su exposición en la Corte, Ruiz Cerutti sostuvo que el Estado argentino no sólo acude al Tribunal Internacional para denunciar a Uruguay por violar el Estatuto del Río compartido, sino también para salvar este instrumento jurídico, "precursor en términos de protección del medioambiente y del ecosistema del río?.
La industria celulósica está considerada entre las cuatro más contaminantes del mundo y ya ha motivado catástrofes ecológicas en otras partes del mundo, incluida nuestra región, como es el caso de Chile.
El Secretario de Ambiente, Homero Bibiloni, destacó "las pruebas de tipo pericial y científico que respaldan la demanda y que se irán desarrollando en los próximos días de audiencia", y explicó que hay elementos "nuevos y significativos que tienen que ver con los olores, la contaminación por la proliferación de algas, y elementos que utiliza la industria más allá del proceso, como los utilizados en la limpieza industrial?. ?Es la peor planta en el peor lugar?, resumió.
La representación argentina hizo hoy una introducción general al tema y a partir de mañana -y hasta el jueves- continuará aportando evidencias (como en las etapas escritas anteriores) ante el Alto Tribunal, al que informará de todos los aspectos ligados a la planta de Botnia y a la alteración del ambiente relacionado con el río y sus áreas de influencia, cuya preservación justamente fue el objetivo del Estatuto que regula su usufructo.
De este recurso natural compartido, Botnia extrae 60 millones de metros cúbicos de agua, que luego descarga al propio río en forma permanente a través de los efluentes de su planta.
La documentación que ya comenzó a presentar la Argentina incluye los resultados del Plan de Vigilancia Ambiental del Río Uruguay que, bajo la responsabilidad de la Secretaría de Ambiente viene recabando datos sobre el estado del aire, el agua, la flora y la fauna desde hace dos años, además de documentación diplomática, relacionada con la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).
En cuanto al total de las audiencias, el viernes, sábado y domingo no hay actividad. El próximo lunes 21 de setiembre, será Uruguay el que comience con sus presentaciones hasta el jueves 24.
La segunda parte comenzará el lunes 28 de septiembre. Ese día y el martes 29, la Argentina contestará a la presentación de Uruguay, país que tendrá la misma alternativa el jueves 1º y el viernes 2 de octubre. A las 12 del mediodía del 2 de octubre culminarán las audiencias públicas orales.
El Gobierno argentino, desde el indicio de la causa, ha defendido los intereses del Estado nacional a través del trabajo entre la Cancillería, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, y un equipo multidisciplinario de científicos y técnicos pertenecientes a prestigiosas universidades de nuestro país.
En las distintas etapas del procedimiento escrito (Introducción de Instancia, Memoria y Réplica) se aportaron a la Corte todos los elementos de convicción que abonan la posición de nuestro país, así como los hechos y derechos en los que ella se basa.
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