"Ningún trabajador del Ramos Mejía es un ladrón. Yo no mentí bajo ningún punto de vista. Tengo al cardiológo que me recetó toda la medicación", argumentó Montivero.
El dirigente dijo que lleva "28 años en la salud" y calificó de "mentiras" a las acusaciones de hurto y venta de medicación sin autorización en el nosocomio.
"La medicación era de uso personal, nunca hemos robado. Voy a seguir hasta las últimas consecuencias para que mi limpien mi honor y mi nombre", puntualizó.
Según la resolución de casi 100 hojas a la que tuvo acceso Infobae.com, Montiveros fue procesado, sin prisión preventiva, como "autor del delito de hurto, venta sin autorización de medicamentos que para su comercialización requieren receta médica y tenencia de elementos destinados a la falsificación, todos ellos en concurso real".
Los restantes acusados también fueron procesados por el hurto y la venta sin autorización de los medicamentos. Todos recibieron una "falta de mèrito" respecto del delito de asociación ilícita por el que fueron imputados al comienzo de la investigación y de la venta de medicamentos peligrosos para la salud.
Se trata de los trabajadores del Hospital que fueron detenidos el 9 de diciembre pasado tras los allanamientos realizados en el centro de salud y en las viviendas particulares, pero que luego fueron excarcelados.
Los procesados son, además del delegado y técnico radiólogo Montivero, los enfermeros Juan Carlos Inzaurralde e Ilda Beatriz Vargas, el telefonista del Hospital, Lucio Herrera y el empleado administrativo de la institución Hugo Monzón.
Montiveros, delegado gremial de SUTECBA, es el más complicado porque estuvo detenido en otra causa que investiga la supresión de estado civil de una beba que estaba en poder de una pareja de médicos del centro de salud.
Esta última causa está a cargo de la jueza María Servini de Cubría y las maniobras investigadas surgieron a raíz de unas escuchas telefónicas del expediente que tiene a su cargo el juez Lijo.
Todos fueron imputados en la causa de Lijo de haber formado parte de una organización ilícita destinada a "sustraer del Hospital Ramos Mejía, ubicado en la calle Urquiza 607, de esta Ciudad, medicamentos, los cuales eran comercializados sin autorización médica y a confeccionar recetas y certificados médicos falsos como así también a realizar ingresos irregulares a las distintas secciones del nosocomio simulando en ocasiones accidentes de tránsito".
Las conversaciones telefónicas y los medicamentos secuestrados en los allanamientos tanto en SUTECBA como en los domicilios particulares son las pruebas fundamentales que tuvo en cuenta Lijo para dictar los procesamientos.
Todos los imputados "tenían fácil acceso a los medicamentos e insumos que se encuentran en el lugar", dijo el magistrado en la resolución.
"El apoderamiento de estos medicamentos fue ilegítimo ya que los nombrados tenían pleno conocimiento de que no podían estar en poder de esos medicamentos, pues algunos llevaban insertas leyendas en las que decían medicamentos otorgados por el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad prohibido su venta o llevaban el troquel anulado", dice uno de los párrafos de la resolución.
Por otro lado, el juez acreditó que Montivero, Herrera, Monzón y Insaurralde "comercializaban sin autorización sustancias medicinales que requieren para su venta recetas médicas".
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