Para Telecom Italia llegó duramente la noticia desde Brasil. La SDE, división del Ministerio de Finanzas de Brasil que defiende el derecho de los consumidores, abrió una investigación sobre un presunto cártel de precios entre los cuatro principales operadores de telefonía móvil.
En la investigación están incluidas Vivo Participaçoes, controlada por la española/portuguesa Telefónica, Tim Participaçoes, división de Telecom Italia y Claro, filial de la mexicana America Móvil y Tele Norte Leste Participaçoes. Estos cuatro operadores tienen, en conjunto, una porción de mercado superior al 95%.
Esa oficina pública investiga que estos operadores instalaron altas tarifas de interconexión, y así pusieron en desventaja a operadores pequeños de telefonía. La investigación sale a la luz luego de una queja de los operadores pequeños de telefonía fija, Global Village Telecom, Intelig Telecomunicaçoes, Transit do Brasil y Easytone Telecomunicaçoes.
La denuncia
La Secretaría de Derecho Económico del Ministerio de Justicia en Brasil abrió la investigación por posible "práctica anticompetitiva". El impacto sería relevante en la disputa por clientes en el mercado corporativo, según esa oficina. En la denuncia afirman que las operadoras de móviles vienen ofreciendo, cada vez con mayor frecuencia, paquetes a las empresas para llamadas entre celulares a un costo mucho menor que el de las fijas.
Los denunciantes son justamente operadores de telefonía fija: Global Village Telecom (GVT), Intelig Telecomunicações, Transit do Brasil e Easytone Telecomunicações. Según la vocera de la SDE, esas empresas pagan R$ 0,40, mientras que las operadoras de telefonía celular cobran menos a los clientes finales.
Hay casos en que ofrecen a clientes corporativos entre R$ 0,15 y R$ 0,20 el minuto, y esa práctica, afirmaron, "puede llevar al estrangulamiento económico de las denunciantes", por encarecérseles sus servicios.
Afirman que hay denuncias de que las empresas actuaron en conjunto o articuladamente en la creación "de dificultades" para la entrada de otros en el sector corporativo.
Las compañías tienen, desde el día 22, un mes para responder a las denuncias.
Luego de esa fase inicial, explicó el diario OGlobo de Brasil, el organismo público analizará el caso y determinará si se abre o no un proceso en el Consejo Administrativo de Defensa del Consumidor (Cade), que puede sancionar administrativamente a las compañías.
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