Vivió el final del IRA y sufrió el terrorismo islámico

Antes de anunciar hoy su retirada, el primer ministro británico vio coronados esta semana sus esfuerzos en el Ulster con la formación de un Gobierno de poder compartido entre católicos y protestantes.

Ése es, sin duda, uno de los grandes logros de la era Blair, cuyos diez años de Gobierno también han coincidido con el desarrollo de una nueva amenaza, "un terrorismo sin límites", en palabras del primer ministro, que hay que combatir en "Irak, Afganistán o en cualquier parte".

Una amenaza que se materializó en Londres el 7 de julio del 2005, sin duda el peor día de Blair en sus diez años en el número 10 de Downing Street, cuando cuatro musulmanes británicos hicieron explotar sus bombas en tres convoyes de metro y un autobús: 56 personas murieron, incluidos los suicidas, y más de 700 resultaron heridas.

Esos atentados, como los fallidos del 21 de julio siguiente y otras tramas desarticuladas por Scotland Yard, pusieron de manifiesto además la radicalización de jóvenes musulmanes nacidos y educados en el Reino Unido.

Blair, que tras los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York prometió luchar "codo con codo" junto a los EEUU en la guerra contra el terrorismo, negó una y otra vez cualquier vinculación entre el 7-J y la participación británica en la guerra de Irak.

"El terrorismo no es culpa nuestra. Nosotros no lo causamos, no es consecuencia de nuestra política exterior", dijo en septiembre pasado en Manchester (norte de Inglaterra) en su último discurso en un congreso laborista como primer ministro y líder de la formación.

Sin embargo, desde expertos independientes hasta críticos con Blair en seno del propio laborismo han acusado al primer ministro de haber llevado al país a una guerra ilegal con consecuencias desastrosas para todo el mundo.

Casi dos años después del 7-J, el Reino Unido es un país con unas medidas de seguridad cada vez más extremas. Sirvan como ejemplo los cuatro millones de cámaras de vigilancia repartidas por todo el país, y unas leyes antiterroristas consideradas "draconianas" por las organizaciones de derechos humanos.

La ampliación de la detención sin cargos de sospechosos de terrorismo de 14 a 28 días, aunque el Primer Ministro pretendía llevarla a 90 días; las órdenes de control o la creación del delito de "ensalzamiento" del terrorismo, son algunas de las nuevas medidas impulsadas por el Gobierno de Blair para luchar contra esa amenaza.

Una amenaza que sigue activa, pues antes de dejar su puesto, la anterior jefa del servicio de contraespionaje británico MI5, Eliza Manningham-Buller, alertó de que sus agentes investigaban hasta 30 tramas para atentar contra el Reino Unido, país donde supuestamente hay al menos 200 células terroristas.

El primer ministro británico, en cambio, puede irse con la satisfacción de haber colaborado a poner fin a treinta años de conflicto en Irlanda del Norte, que ha causado más de 3.000 muertos.

Blair llegó al poder en 1997 con la promesa de impulsar el entonces estancado proceso de paz en el Ulster y lo abandonará, diez años después, tras ver como católicos y protestantes, antes enemigos acérrimos, gobiernan juntos en Irlanda del Norte.

Lo que ha ocurrido durante esa década tiene mucho que ver con el empeño que el líder laborista puso desde el principio en ese proceso.

El 19 de julio de 1997, el Ejército Republicano Irlandés declaró el segundo alto el fuego de su historia, lo que permitió el inicio de unas conversaciones de paz en las que participó el Sinn Fein y que propiciaron la firma el 10 de abril de 1998 del histórico Acuerdo de Viernes Santo entre católicos y protestantes.

Lo que siguió no fue fácil, ni siquiera después de que el IRA anunciase en julio del 2005, pocos días después del 7-J, el fin de la lucha armada y su intención de proseguir su objetivo de reunificar Irlanda por la vía democrática.

Al primer ministro, tan vapuleado por Irak y las acusaciones de corrupción, le queda, al menos, ese gran consuelo.