El juez dio así el último paso previo a que De la Rúa afronte, junto con otros 30 procesados, un proceso por delitos que contemplan penas de hasta diez años de prisión. El tribunal 16, integrado por los camaristas Carlos Acerbi, Carlos Currais y Gustavo Anadón, será el encargado de celebrar el juicio oral.
Las imputaciones contra De la Rúa ?26 en total, según dijeron a DyN fuentes judiciales- forman parte de lo que se conoce en Tribunales como la Causa Ñoquis, una mega-investigación de más de 70 cuerpos de expediente, dos oficinas completas de documentación y un supuesto fraude del orden de los seis millones de dólares.
Gran parte de la investigación ya había sido elevada a juicio oral, pero faltaban los hechos imputados a De la Rúa, cuya defensa había articulado recursos y nulidades que demoraron el expediente por casi cuatro años.
La causa se inició en 1996, cuando un abogado radical denunció que un empleado administrativo del ex Concejo había trabajado como jardinero en la quinta de De La Rúa.
Allí se originó una investigación que encabezaron los fiscales Mónica Cuñarro, Horacio Amelotti, Marcelo Romá y Augusto Troncoso, quienes determinaron que en realidad existía ?un consenso entre el PJ, la UCR y la UCEDE de la Capital Federal, que en ese entonces formaban la mayoría del ex Consejo?, sostiene la acusación.
La investigación determinó que supuestamente los partidos habían alcanzado un acuerdo para repartirse, proporcionalmente a su representación, cargos en el Concejo con sueldos de entre 1.900 y 2.000 pesos (dólares para la época).
Según los fiscales, la cabeza visible de esa maniobra por la UCR era el ex concejal Humberto Bonanata, en tanto que por el PJ el protagonismo era de los ex concejales José Manuel Pico y Eduardo Rollano.
"Relevaban a indigentes, les ofrecían planes de alfabetización o de vacunación, o darles empleo, y obtenían copias de sus DNI.Con estos se conformaban falsos legajos de personal en el Concejo y luego se acordaba que el secretario del concejal fuera a cobrar por todos, repartiendo los dineros obtenidos ilegalmente", dice la acusación fiscal.
Así, aparecían en cargos de alto nivel "cartoneros analfabetos, insanas declaradas judicialmente, jubiladas, o personas de bajos recursos", e incluso hubo un caso de un preso nombrado por la bancada justicialista.
La supuesta maniobra quedó al descubierto cuando una mujer recibió una notificación en su domicilio de una AFJP, pero había hecho su opción por el sistema de reparto.
El denunciante inicial en la causa fue el ex concejal Aníbal Ibarra, quien aportó profusa prueba hasta que en 1997 se formó la Alianza que dos años después llevaría a De la Rúa a la presidencia de la Nación.
Fuentes judiciales consultadas por DyN dijeron que Ibarra "abandonó su presencia en las actuaciones hasta la actualidad".
Además del "jardinero" José Benito Pasó, llegarán a juicio oral unos 600 presuntos hechos de "malversación de caudales con fraude por adulteración y falsedad documental en los recibos de sueldo".
Fuentes cercanas a la causa dijeron a DyN que el juicio podría comenzar a principios de 2008 y pronosticaron que "durará más que el de la AMIA, y necesitará un lugar más grande para albergar a la totalidad de los imputados y a sus defensas".
Entre los imputados figuran ex presidentes del Concejo, ex secretarios legislativos y administrativos, encargados de área de personal y ex concejales. En el caso específico de De la Rúa, se lo investiga también por la designación de su ex asesor de prensa y de una supuesta "ama de llaves o mucama" que habría trabajado a las órdenes de su esposa, según la acusación.
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