El Gobierno impulsaría para los próximos días el debate de dos proyectos de ley que se habrían mantenido durante bastante tiempo congeladas debido a las negociaciones salariales que lleva a cabo el Ejecutivo, mediando entre sindicatos y empresas.
Ahora frente a las elecciones presidenciales, el oficialismo intentará llevar a cabo dos proyectos de ley contrarios al empresariado, pero destinado a obtener el voto popular.
De hecho, teniendo en cuenta que los proyectos legislativos fueron frenados por el propio bloque del Frente para la Victoria, pedido por el propio Gobierno. Es más, hay rumores que indican que en los últimos meses, el empresariado solicitó frenar las leyes por temor a una merma en el desarrollo.
Pero frente a las elecciones y teniendo en cuenta el fin de las sesiones legislativas hasta las elecciones de octubre, el Gobierno busca dar una vuelta a su propuesta electoral.
Ambos proyectos serán impulsados por el abogado moyanista, Héctor Recalde, desde su Comisión Legislación del Trabajo.
Tickets opcionales
Por un lado, en las próximas horas se llevará a cabo el debate de una ley por medio del cual se buscará reformar el régimen de tickets adicionales para la compra de alimentos que se entregan como complemento salarial.
Las modificaciones tiene como objeto que, en tres años, el uso de este tipo de remuneración no sea obligatorio, sino opcional para el empleado, y que no sustituya de ninguna forma la remuneración oficial.
El proyecto ya había sido debatido por las cámaras pero, en ese momento se había pedido un número de reformas para continuar con el debate.
El fin del tope indemnizatorio
El proyecto de ley que más preocupa al empresariado es referente a la nulidad del tope indemnizatorio, el cual en varias oportunidades se lo determinó por la propia Corte Suprema de Justicia, como inconstitucional.
El sistema judicial en varias oportunidades había advertido que el articulo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, iba en contra de las leyes fundamentales, aunque permite sólo una quita de hasta un 33% sobre el mejor salario normal y habitual del trabajador despedido.
De las 30 modificaciones que esperan en la Comisión de Legislación del Trabajo, la relacionada con la nulidad del tope indemnizatorio es la que más preocupa al empresariado, y la que tiene la atención del oficialismo que espera obtener un mayor porcentaje del electorado.
El proyecto indica una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor a tres meses, teniendo como base el sueldo mensual, regular devengado en el último año.
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