Alberto Iribarne, afirmó este sábado que "a priori nada justifica que una causa dure tres años", ante las demoras de la Cámara de Casación Penal para resolver las actuaciones que involucran a represores de la dictadura militar.
El ministro de Justicia dejó en claro que "empezaron funcionar los mecanismos institucionales con el proceso conducido por el juez Luis María Cabral".
Este magistrado es integrante del Consejo de la Magistratura y designado instructor del pedido de remoción de los camaristas Alfredo Bisordi, Gustavo Hornos, Ana María Capolupo y Eduardo Riggi.
Iribarne formuló declaraciones a la prensa en la esquina de Avenida Rivadavia y José León Suarez, en el barrio de Liniers, en el marco de la campaña del candidato a jefe de gobierno porteño por el kirchnerismo Daniel Filmus.
El pedido de suspensión y remoción de Bisordi, Hornos, Capolupo y Riggi está patrocinado por los abogados Rodolfo Yanzón, Mónica González, Luz Palma Zaldúa, Leonel Curtchague y Flavia Fernández, quienes reclamaron "el inicio de los mecanismos legales para separar en forma urgente a los jueces denunciados".
En la denuncia se sostuvo que la Cámara Nacional de Casación había cambiado su criterio para favorecer la libertad de ex jefes militares implicados en casos de violaciones a los derechos humanos en la órbita de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y el Cuerpo I del Ejército.
Entre los ex militares beneficiados la denuncia mencionó a Santiago Riveros, Jorge Olivera Rovere, Carlos Landoni, Ernesto Alais, Bernardo José Menéndez, Ramón Díaz Bessone, Eugenio Guañabens Pelleró, Eduardo De Lío, Leopoldo Flores, Juan Pablo Saá y Carlos Tragant.
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