Dictan fallo a enfermeras que contagiaron el sida a niños

Las cinco mujeres búlgaras y un médico palestino habían sido condenados a muerte en 2004 por haber inoculado el virus a 426 chicos en un hospital, de los cuales 52 murieron. Pero lograron la apertura de un nuevo proceso y hoy conocerán la sentencia

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La Justicia libia dicta hoy sentencia en el caso de las cinco enfermeras búlgaras y el médico palestino, acusados de haber inoculado el virus del sida a niños libios en un hospital de la ciudad de Bengazi.

Los países europeos y los Estados Unidos han reclamado su liberación, apoyándose en los testimonios de científicos, entre ellos el profesor francés Luc Montaigner, uno de los descubridores del virus.

Los expertos internacionales declararon en varias ocasiones que las deficientes condiciones sanitarias del centro hospitalario de Bengazi explicaban el que 426 niños fueran contaminados, de los cuales 52 fallecieron.

Además, señalaron que la presencia del virus en ese hospital podía datar de 1997, un año antes de que las enfermeras y el médico llegaran a Libia.

Condenados a muerte en mayo de 2004, los acusados obtuvieron del Tribunal Supremo libio la apertura de un nuevo proceso que se prolongó en sesiones interminables hasta el mes pasado, cuando se anunció que la sentencia se haría pública el 19 de diciembre.

Si el Tribunal confirmara la petición de muerte hecha por el fiscal el 29 de agosto pasado ello traería, presumiblemente, consecuencias negativas para el proceso de liberalización y reforma de sus relaciones con Occidente en que se haya inmerso el régimen del coronel Muamar Al Gadafi.

Las familias de los niños contaminados han venido reclamando una "sentencia ejemplar" contra las enfermeras búlgaras y el médico palestino, desatendiendo las razones dadas por los expertos internacionales.

En noviembre pasado, el ministro alemán de Exteriores, Frank Walter Steinmeier, declaró en Trípoli, donde se encontraba en visita oficial, que había tratado de "hacer comprender" a sus interlocutores de la necesidad de resolver el problema en el sentido de la liberación de los acusados.

El Consejo de Europa (CDE) afirmó por su parte que a los acusados no se les otorgaron los derechos normales de la defensa e incluso llegaron a ser torturados en prisión. Los familiares de los niños contaminados reclaman también quince millones de dólares de indemnización por cada uno de ellos, pero esta exigencia fue rechazada por el gobierno búlgaro al considerar que si se hubiera aceptado supondría el reconocimiento de su culpabilidad.