En un primer momento, la información dio cuenta de dos muertos y la cifra subió luego a cuatro, según las agencias noticiosas internacionales, pero momentos después se desmintió oficialmente que hubiera fallecidos y se limitó la consecuencia a más de 20 heridos.
"Lo que sabemos es que era una camioneta; se calcula que fue una bomba de alto poder y pudo haber accedido a la Escuela Superior de Guerra por una entrada a la que se ingresa con carné porque en las demás entradas hay controles", expresó el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.
El funcionario, quien formalizó la oferta de 1.000 millones de pesos (unos 435.000 dólares) a quien dé información sobre los responsables del ataque, fue el primero en desmentir que hubiera muertos.
Aunque reportes extraoficiales hablaban de 24 heridos, la Secretaría de Salud de Bogotá dio una lista con 16 personas, y se informó que fueron afectados cinco automóviles que se encontraban en el área.
Frente a la universidad hay un hotel, edificios de vivienda y oficinas de alto nivel económico, que reportaron daños en vidrios y que a la hora de la explosión estaban en pleno inicio de actividades.
La explosión se produjo a las 8.55, a causa de la detonación de un artefacto colocado en una camioneta Ford Explorer, que había sido ubicada en el estacionamiento de la Escuela Superior de Guerra, dentro del complejo militar conocido como El Cantón Norte, célebre por la toma realizada por el M-19 en 1980.
El ministro Santos señaló además que se trató de "un típico atentado terrorista".
"Me imagino que tiene que ver con las FARC; no le veo otra alternativa", dijo el funcionario, el único que especuló con la chance de que la más grande organización guerrillera del país esté detrás del hecho.
El atentado, primero, y las palabras de Santos, luego, podrían empañar el proceso de negociación abierto entre el Poder Ejecutivo y las FARC, que debía desembocar en un "canje humanitario" de presos por secuestrados en primera instancia y en un entendimiento por la paz definitiva en una segunda.
La explosión ocurrió en momentos en que el uruguayo Juan Pablo Corlazzoli, representante en Colombia de esa oficina de la ONU, se disponía a iniciar una intervención sobre derechos humanos para un auditorio de militares de alto rango.
Quien disertaba en ese momento era el comandante del Ejército colombiano, Mario Montoya, que dictaba una conferencia para un grupo de tenientes coroneles en curso de ascenso. Dos de los heridos fueron soldados de su escolta.
Poco después, la oficina de la ONU en Bogotá expresó su condena y el vicepresidente, Francisco Santos, ratificó que el gobierno "tiene totalmente firme y clara su voluntad de derrotar el terror".
"Por ahora lo que hay que hacer es averiguar qué fue lo que ocurrió, si fue un descuido, y reafirmar el compromiso total de derrotar el terrorismo", añadió.
En tanto, el alcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, descartó que el hecho tenga relación con un alerta reciente de las embajadas de los Estados Unidos y Gran Bretaña a sus funcionarios en Bogotá con respecto a una eventual amenaza de ofensivas de las FARC en la capital colombiana.
El presidente Alvaro Uribe convocó de inmediato al Consejo de Seguridad y se dispuso el acuartelamiento de primer grado en todas las unidades militares y de Policía.
Tras ese encuentro, Santos informó que hay imágenes de las cámaras de seguridad que muestran que la camioneta ingresó al predio manejada por un hombre con vestimenta de la Armada y consideró que se trató de "un imperdonable error de seguridad".
En la Escuela Superior de Guerra los oficiales de las Fuerzas Militares acuden a desarrollar estudios de inteligencia militar, de derechos humanos y especializaciones de sus carreras.
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