La incorporación al Código Penal de los llamados "delitos informáticos" está próxima a obtener dictamen de comisiones en la Cámara de Diputados, una vez que termine de pulirse el contenido de la reforma para castigar acciones perpetradas a través de los nuevos soportes tecnológicos.
El borrador que está en estudio, sobre el que es probable que se emita despacho esta semana, introduce modificaciones en figuras que ya existen en el Código Penal, como las que se refieren a pornografía infantil y al daño informático como el que perpetran los hackers.
El texto hace semanas que está siendo trabajado en forma conjunta por diputados y asesores de las comisiones de Comunicaciones, que preside Osvaldo Nemirovsci (FPV), y de Legislación Penal, a cargo de Rosario Romero (FPV).
Pero hasta el último fin de semana quedaban por resolver cuestiones de técnica legislativa para evitar superposiciones en la tipificación de algunas figuras delictivas.
Otro asunto pendiente de solución es la cuestión de las cámaras ocultas, en lo que todavía no hay una posición definida sobre si su uso se admitirá en algunas acciones que se catalogue de "bien público" o no.
Entre las modificaciones previstas en el Código Penal se propone reprimir con prisión de uno a cuatro años al que produzca, facilite, divulgue, financie, comercie o publique por cualquier medio la imagen de un menor de 18 años en actividades sexuales explícitas, reales o simuladas.
Pero, a su vez, el castigo sería de seis meses a dos años de prisión para el que tenga en su poder imágenes de pornografía infantil; también se penaría al que al que facilite acceso a espectáculos y suministrase material pornográfico a menores de catorce años.
En el capítulo referido a "Violación de Secretos y de la Privacidad" el proyecto propone reprimir con prisión de 15 días a 6 meses al que "abra indebidamente" tanto un mail como una carta, un pliego cerrado, despacho telegráfico o mensaje telefónico.
También la propuesta introduce en el artículo 153 bis del Código Penal castigo para invasores de internet que, dice el borrador, "sin la debida autorización o excediendo la que posea" ingrese a un sistema o dato informático de carácter privado o de carácter público de acceso restringido.
La medida incluiría a los que accedan indebidamente a un proveedor de servicios públicos, bancarios o financieros, pero esto sigue en estudio porque podría ser incompatible con la ley de habeas data.
Otra modificación se haría en el artículo 157 del Código para penar con prisión e inhabilitación especial por uno a cuatro años al funcionario público que revele hechos, actuaciones, documentos o datos que por ley deben quedar secretos.
Esta acción comprendería, por ejemplo, actos como la difusión del antecedente del diputado Juan José Alvarez (Peronismo Nacional), que se supo estuvo empleado en la SIDE entre 1981 y 1984. También el proyecto contempla el fraude con beneficio patrimonial mediante el ingreso por la red de datos falsos, o la alteración, obtención ilícita o supresión de información verdadera.
Si hay acuerdo sobre el contenido del texto definitivo las comisiones intervinientes podrían reunirse este miércoles al mediodía para emitir dictamen; de lo contrario pasará a la semana siguiente ya que parece que hay voluntad política para impulsar el tratamiento del proyecto en el recinto.
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