(NA) -- Un millar de policías permanecen acuartelados desde las primeras horas del lunes en la sede de la Jefatura en esta capital, en reclamo de un sueldo básico de 700 pesos para el personal de menor rango, ascensos, jerarquización de la carrera policial y capacitación.
El conflicto que los miembros de la fuerza mantienen con el Gobierno de la Provincia motivó la intervención de la Justicia local, aunque sin el efecto esperado.
Durante la mañana de ayer, el juez de turno, Gustavo Herrera, emitió una orden de desalojo del edificio, pero los efectivos no hicieron caso a la medida que se reiteró pasadas las 19:30 y que recibió la misma respuesta.
Esta situación, que ya provocó la caída del jefe de Policía, comisario general Augusto Tejeda, y el subjefe, comisario general Julio Eduardo Paz, se mantuvo desde un principio en una tensa negociación, sin que el Ejecutivo, a cargo del radical Gerardo Zamora, ni los uniformados cedieran en sus pretensiones.
El nuevo jefe de Policía, comisario general David Marcelo Pato, que asumió hoy, actuó de lleno en las negociaciones entre la cúpula gubernamental y los efectivos que encabezan la toma del edificio.
El martes, los manifestantes habían presentado en Casa de Gobierno un petitorio con once puntos, en los que sobresalen las demandas salariales y la jerarquización de la carrera policial.
Sin embargo, ayer hubo una nueva propuesta de sólo seis puntos, aunque manteniendo el reclamo de un básico de 700 pesos de salario básico para los agentes. En tanto, el gobierno aseguró que no recibir el nuevo petitorio hasta que no se abra el diálogo.
Ante la alarma generada en la sociedad santiagueña, desde la gobernación se pidió colaboración al Destacamento Móvil 5 de Gendarmería Nacional, con asiento en Santiago del Estero, aunque fuentes oficiales revelaron que desde Salta había partido un contingente con miembros de esa misma fuerza, aparentemente también por gestiones del Estado provincial.
En principio, se supone que los gendarmes llegarán para brindar seguridad a los santiagueños, aunque los acuartelados se mantenían expectante por las consecuencias de su decisión de rechazar la orden de desalojo de la Justicia.
Desde el martes, los funcionarios provinciales intentaron a toda costa iniciar un diálogo, siempre con la condición de que se deponga la medida de fuerza.
Sin embargo, ese planteo fue inmediatamente rechazado, razón por la cual se espera que el conflicto se extienda al menos hasta el fin de semana.
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