Una fiscalía italiana pidió nueve meses de prisión para los jugadores argentinos Mauro Navas, Jorge Quinteros y Mauricio Pineda, en una causa por adulteración de pasaportes, que incluyó también requisitorias de condenas para futbolistas brasileños y el presidente de Roma.
El fiscal Antoniello Racanelli, del Tribunal de la capital italiana, pidió diez meses para Franco Sensi, presidente del club Roma, y nueve meses para el brasileño Cafú y el paraguayo Celso Ayala.
Racanelli solicitó además un año de prisión para el padre de Gustavo Bartelt (Oscar), nueve meses para la esposa de Cafú (Regina Feliciano), un año y tres meses para el representante brasileño Cristoforo Colombo, nueve meses para la empleada de Roma Rosangela Monteiro y un año para el funcionario comunal Sergio Garulli.
El fiscal pidió también un año y medio de prisión para el vicecónsul italiano de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, Enrico Meauro y dos años para el empleado de ese consulado Gabriele Greco, pero elevó a tres años la pena para la traductora argentina María Elena Tedaldi y 9 meses para su colaborador Ilario Camaiani, según informa en un despacho la agencia italiana Ansa.
El fiscal sólo pidió la absolución de los funcionarios comunales Giuseppe Lucisano y Sergio Meatta. Algunos de los imputados fueron absueltos en otras de las acusaciones de las que eran objeto, agrega el cable.
Respecto de Cafú, quien se apresta a debutar con Brasil en el Mundial de Alemania, el fiscal acusa la utilizaci·n de un falso ancestro para obtener la ciudadanía, cuando se trataba de otra persona, nacida y fallecida en la localidad italiana de Morano Calabró, quien jamás viajó a Brasil.
Idéntico trámite falso fue hecho con un certificado de nacimiento de la madre de Bartelt, cuyo nombre fue sustituido por el de otra persona nacida en la municipalidad de Valdagno, que nada tenía que ver con la familia del futbolista.
Ambos problemas formaron parte del resonante caso "pasaportes falsos" que estalló en febrero de 2001 y que llevó a la imputación de 34 jugadores, que se desempeñaban en la Liga italiana.
La mayor parte de los futbolistas sumergidos en el caso era de origen sudamericano. Los dirigentes de los clubes italianos, con procedimientos ilegales, favorecían las adulteraciones pues los jugadores con ciudadanía comunitaria escapaban al cupo restrictivo que había sido impuesto a los extranjeros en la Liga, en la década de 1990.
El juez instructor había absuelto inicialmente a todos, pero el fiscal Silverio Piro impugnó esa resolución, lo que reabrió la causa, que proseguirá el miércoles con el turno de los abogados defensores, tras lo cual el tribunal deberá emitir sentencia.
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