- La gubernamental Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) de Venezuela anunció hoy que ha sancionado en primera instancia a diez emisoras de radio y una de televisión, que deberán ceder espacios para mensajes educativos.
Sin identificar a los sancionados, ya que aún pueden apelar, el directivo de Conatel, Lilo Fernández, dijo en rueda de prensa que "la mayor parte de incumplimientos" se debió a negativas a entregar grabaciones para verificar la difusión de música nacional, como lo obliga la nueva Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión.
También hay emisoras sancionadas "por la transmisión de mensajes que incitan al juego de envite y azar en horario" infantil, sostuvo.
El Directorio de Responsabilidad Social en Radio y Televisión de Conatel explicó que investigó a 22 emisoras de radio y televisión de "diferentes partes del país" y que los castigos fueron decididos "de manera unánime y apegada estrictamente a la letra de la ley".
El anuncio se produjo un día después de que se declarara "sin lugar" un amparo constitucional que buscaba la nulidad de una orden judicial que prohíbe la difusión de la investigación oficial de un atentado terrorista.
El amparo constitucional fue interpuesto por Teodoro Petkoff, eventual candidato en los comicios presidenciales de diciembre próximo y editor del vespertino "Tal Cual", y el Sindicato de Trabajadores de la Prensa, que califican la orden judicial de "censura previa".
A petición del fiscal general, Isaías Rodríguez, quien acusa a los medios de "obstrucción a la justicia", un tribunal de Caracas prohibió recientemente la difusión de datos judiciales vinculados al atentado con explosivos que mató al fiscal Danilo Anderson.
La Fiscalía sostiene que la medida judicial "no censura sino que restringe el derecho a la libertad de información, una limitación claramente establecida en tratados internacionales".
Anderson investigaba el golpe de Estado de abril del 2002 contra el presidente del país, Hugo Chávez, cuando murió calcinado el 18 de noviembre del 2004, al explotar por control remoto las cargas colocadas en la parte baja del vehículo que conducía.
Como autores intelectuales están imputados la periodista Patricia Poleo, quien está prófuga de la justicia; el general retirado Eugenio Añez, vinculado al golpe del 2002, el banquero Nelson Mezerhane, y Salvador Romaní, hijo del líder anticastrista cubano del mismo nombre, los tres últimos en libertad condicional.