Hugo Chávez quiere expropiar el campo de golf de Caracas

--José Antonio Abreu, un humilde vigilante de 50 años, sintió que su vida cambió radicalmente la noche del 5 enero cuando desconocidos, portando armas de fuego, se presentaron frente al edificio que custodia desde hace seis años en el norte de la capital para exigirle que le diera entrada a un grupo de personas que querían tomar el inmueble.

Abreu relató que gracias a la protesta de los vecinos, que salieron en masa a enfrentarse al grupo, los desconocidos se replegaron y abandonaron los edificios Italia y Celta IV de San Bernardino, una urbanización de clase media ubicada en el norte de Caracas.

Situaciones similares fueron denunciadas en diferentes puntos de Caracas durante la semana pasada.

El alcalde mayor de Caracas, Juan Barreto, declaró el martes 10 a la televisora estatal que su despacho maneja denuncias de "22 edificios que han sido parcialmente ocupados" en los últimos días en la capital.

Indicó que las autoridades comenzaron conversaciones con los ocupantes ilegales para lograr que desalojen de forma pacífica los inmuebles.

Barreto, quien es un estrecho aliado del presidente Hugo Chávez, informó que su despacho expropiará trece inmuebles en Caracas por razones de "utilidad de uso público", tal como lo prevé una regulación, para entregárselos a familias pobres.

Precisó que las autoridades han "contado 92 edificios abandonados" en la capital que son evaluados por los bomberos "para determinar cuántos de ellos pueden ser ocupados inmediatamente".

Reconoció que uno de los inmuebles que está en evaluación es un campo de golf de 16 hectáreas en el este de Caracas.

"El derecho a la propiedad debe ser democratizado. El derecho a la propiedad no puede ser que una persona tenga seis, ocho, diez, quince edificios... mientras hay decenas de miles de ciudadanos que no tienen ninguna propiedad", añadió.

El alcalde expresó que las expropiaciones se están haciendo ajustadas a un plan que se inició hace diez meses que dispone concretar acuerdos con los propietarios para cancelarles el costo de sus inmuebles.

Barreto negó que policías metropolitanos hubiesen invadido viviendas, tal como señalaron algunos afectados por las ocupaciones.

La Fiscalía General anunció la apertura de una investigación de 12 denuncias de ocupaciones ilegales en la zona metropolitana la semana pasada.

"Si a mí se me meten (en el edificio) a mí tienen que matarme adentro; yo no voy a dejar que le hagan nada a mi señora, ni a mi hermano, ni a nadie", dijo Abreu, quien presta protección desde hace seis años al edificio Italia que se encuentra casi en ruinas en su interior, y donde sólo habitan el vigilante, su esposa y un hermano.

Señaló que desde el 5 de enero en la calle Manuel Felipe Tovar de San Bernardino "nadie duerme" porque han sido visitados en tres oportunidades por desconocidos que han tratado de tomar por la fuerza dos edificios.

Para hacer frente a la situación el propietario del edificio Italia contrató otros tres vigilantes privados y levantó un enrejado de vigas de acero de casi dos metros de alto en el frente del inmueble.

"No podemos quebrarnos y dejar nuestras viviendas que tanto ha costado tenerlas", manifestó Olga del Carmen, de 51 años, quien relató que junto con otros vecinos salieron la noche del 5 de enero a la calle para enfrentarse a gritos, y con cacerolas en mano, a un grupo que entró por la fuerza al edificio Celta IV donde estaba su hija, junto con su hijo de siete meses, escondida en un rincón de su apartamento, aterrada por algunos disparos que lanzaron al aire desconocidos en medio del tumulto.

"Estamos en un estado de zozobra y de indefensión total ante los organismos", expresó Joannis Sapicas, propietario del edificio Almondbury de Bello Monte, una urbanización de clase media del suroeste de la capital, que fue ocupado el pasado fin de semana por un grupo bajo autorización de la alcaldía, y con apoyo de la policía.

"Nosotros tratamos de impedir con los vecinos el paso de los invasores pero fue la policía metropolitana que nos apartó a punta de peinillazos, y abusando de su autoridad, y permitieron la entrada de más invasores", refirió Sapicas, quien precisó que tenía desocupado parte de su inmueble de cinco pisos porque lo estaba remodelando. "Peinillazo" es un golpe con una peinilla, que es como un machete sin filo que utilizan los policías aquí. La peinilla no corta pero golpea fuerte.

Sostuvo que las autoridades "nunca dialogaron conmigo. Cuando estaban rompiendo las cadenas (del edificio) les exigí que mostraran algún tipo de documentación. Ellos sólo dijeron que esto estaba expropiado bajo un supuesto decreto de emergencia".

Katerin Fajardo, una desempleada de 32 años, tiene una visión totalmente diferente de las ocupaciones.

Ella junto con otro 40 adultos y unos 20 niños tomaron el 7 de enero el edificio La Fe de Las Palmas, una zona de clase media localizada en el norte de Caracas. El inmueble estaba desocupado desde hacía varios meses porque sus propietarios lo estaban remodelando.

"Ellos no quieren apropiarse de nada ajeno sino simplemente comprarlo (el edificio). Nosotros estamos esperando que aparezca el dueño... para negociar con él", dijo Fajardo al señalar que tomaron el inmueble porque estaban sin casa desde el 5 de enero cuando la crecida de una quebrada arrasó con sus humildes viviendas y todos sus enseres en el populoso barrio capitalino de Cotiza, al norte de Caracas.

El déficit de alojamiento en este país de 26 millones de habitantes ronda los 1,6 millones, según cifras oficiales.

El gobierno construyó el año pasado 41.500 viviendas, cifra que está muy por debajo de la meta trazada que era de 100.000 casas por año.

Impacientes por mudarse de las barriadas pobres que podrían derrumbarse en cualquier momento, algunas personas ocuparon varios edificios residenciales en Caracas en meses recientes.

En Venezuela, a pesar de ser el quinto exportador de crudos del mundo, más de la mitad de su población vive en pobreza.

Los adversarios de Chávez sostienen que el aumento de las ocupaciones ilegales vulnera el derecho a la propiedad privada y ellos también han acusado al gobierno de animar las invasiones, algo que los principales voceros oficiales niegan.

La Constitución de 1999 garantiza el derecho a la propiedad privada, pero prevé que "por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes".

Chávez aprobó en noviembre del 2001, gracias a una ley habilitante, una ley que le permite al gobierno el uso de las tierras y posibles expropiaciones de terrenos, edificios residenciales y fabricas en el supuesto que se determinen que no están siendo explotadas.