Nueva Jersey suspendió la aplicación de la pena de muerte

El Congreso de ese estado aprobó por 55 votos a favor contra 21 suspender las ejecuciones. Se convirtió en el primer Poder Legislativo estatal de los EE.UU. que rechaza el castigo reimplantado en 1976

(EFE).- El Congreso del estado de Nueva Jersey aprobó hoy suspender la aplicación de la pena de muerte, convirtiéndose en el primer Poder Legislativo estatal de EEUU que rechaza el castigo reimplantado por el Tribunal Supremo en 1976.

Las ejecuciones en Nueva Jersey, donde 10 personas están condenadas a muerte, fue decidida por la Asamblea estatal por 55 votos a favor y 21 en contra con dos abstenciones.

La medida había sido aprobada el mes pasado por el Senado estatal y ahora deberá ser promulgada por el gobernador adjunto Richard Codey, dijeron fuentes legislativas.

Además de Nueva Jersey, la pena de muerte se aplicaba hasta ahora en 38 de los 50 estados del país. Su aplicación también está suspendida, por orden de sus respectivos gobernadores, en los estados de Illinois y Maryland.

"La población de Nueva Jersey ha llegado al convencimiento de que hay riesgos de que se ejecuten personas inocentes y se desperdician millones de dólares del contribuyente", manifestó Celeste Fitzgerald, directora de un grupo de oposición al castigo.

Las últimas encuestas revelan que el castigo es respaldado por poco más del 60 por ciento de la población de Estados Unidos. En 1994 ese apoyo era superior al 80 por ciento.

Desde que el Tribunal Supremo restableció la pena de muerte en 1976, se han llevado a cabo 1.004 ejecuciones.

Sin embargo, en los últimos años el número de ejecuciones se ha reducido de manera sostenida tras registrar una cifra récord de 98 en 1999.

Según cifras del Centro de Información de la Pena de Muerte (CIPM) el año pasado el número de ejecuciones realizadas mediante una inyección letal fue sólo de 60.

Gran parte de la disminución del apoyo para el castigo y la reducción de las ejecuciones se ha debido a la constatación de que se han cometido errores en su aplicación.

Según Richard Dieter, director ejecutivo del CIPM, esos errores han sido determinados por el progreso logrado en el examen de pruebas con ADN, así como la revisión de casos en muchos de los cuales se determinó la incompetencia de los abogados defensores.

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