Un grupo de fiscales pidió penas de 5 años y 5 años y tres meses de prisión para dos ex intendentes del partido de San Martín acusados de fraude a la administración pública y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos en el ámbito estatal.
Los pedidos fueron formulados durante los alegatos del juicio oral y público que se le sigue a los ex intendentes del PJ Antonio César Libonatti y su sucesor y sobrino Pablo Landolfi, al ex secretario de Obras Públicas de la municipalidad de San Martín, Rafael Jorge y a 33 concejales y ex ediles de la comuna.
En su alegato, los fiscales Raúl Sorraco, Paula Leiva, Mónica Rodríguez y Ana Armeta solicitaron 5 años y 3 meses de cárcel para Libonatti y 5 años para Landolfi, en ambos casos por la presunta comisión de los delitos de "abuso de autoridad en concurso ideal con fraude en perjuicio de la administración pública".
Además, requirieron 4 años de prisión para Rafael y penas de entre 4 años y 4 años y siete meses para los 33 concejales, entre los que se encuentra el vicepresidente del club Chacarita Juniors, Armando Capriotti.
En todos los casos los representantes del Ministerio Público solicitaron "la inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de cargos públicos".
Los miembros del Tribunal Oral en lo Criminal 6 de San Martín que llevan adelante el juicio -Patricia Toscano, Horacio Díaz y Javier Mariani-, dispusieron un cuarto intermedio hasta el jueves a las 10, cuando comenzarán a escucharse los alegatos de las respectivas defensas.
La causa la inició el actual intendente de San Martín, Ricardo Ivoskus, en 1999, al asumir su primera gestión, a raíz del presunto intento de pago de un sobreprecio superior a los 20 millones de pesos a la empresa de construcción Víctor Américo Gualtieri Sociedad Anónima (VAGSA) por un contrato de repavimentación de 1993.
En 1996, durante la gestión de Libonatti, se pactó una refinanciación de deudas que contó con la aprobación del Concejo Deliberante de entonces.
Cuando se hizo cargo de la intendencia, Ivoskus se encontró con un reclamo de 31 millones de pesos que presentó VAGSA, pero luego de analizar la documentación se encontró con que la deuda sería de 11 millones.
Fue así que Ivoskus presentó la denuncia ante la Justicia y se convirtió en un testigo privilegiado en el juicio contra sus antecesores.
Según se denunció, hace dos semanas, un día después de declarar en el juicio, Ivoskus iba en un auto oficial desde la sede municipal hacia su domicilio y en la esquina de las calles Adelina Hue y Pedro Honaine fue interceptado por dos jóvenes que se movilizaban en una motocicleta, uno de los cuales le apuntó con un arma en un acto intimidatorio.
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